Coalición de ONG´s para Reforma Procesal Penal Federal

El Paradigma de la Reforma Procesal Penal

2011-09-26T11:35:00.000-07:00

El vetusto y caduco modelo de investigación penal que rige en la República Argentina al abrigo del Código Procesal Penal de la Nación –caracterizado por ser escrito, secreto, burocrático, lento, arbitrario, ineficaz al momento de brindar soluciones de calidad ante los conflictos penales e identificado como un modelo procesal penal inquisitivo (mitigado)- debe, inexorablemente, dar paso a un modelo procesal ágil, moderno, transparente, con respuestas adecuadas a las problemáticas del siglo XXI.

Pareciera que la Presidenta de la Nación impulsa esta propuesta, a la luz de su discurso brindado en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada durante la inauguración del sitio de internet www.infojus.gov.ar/, oportunidad en la que criticó que en la República Argentina continúen vigentes instituciones del Código Napoleónico, propias del siglo XIX; y –en lo importa al sistema penal en particular- expresó la necesidad de comenzar a trabajar sobre las instituciones que prevé la Constitución Nacional, como el juicio por jurados.

Ante este escenario y con la esperanza que el sistema de enjuiciamiento penal -a nivel federal- inicie su camino de transformación, preliminarmente se debe aclarar que la reforma procesal penal no se limita a una modificación normativa ni a un "parche legislativo".

Es que, la reforma pretendida, involucra, también, la reorganización de las instituciones que integran el sistema penal (ministerio público fiscal, ministerio público de la defensa, poder judicial, asesorías tutelares, agencias de seguridad, abordaje penitenciario, agencias de seguimiento post-penitenciario, entre otras) para orientarlas hacia la gestión transparente del flujo de casos penales en los que deben intervenir.

Con este mismo norte, también cobra relevancia la capacitación de todos los integrantes del sistema penal para que, de tal modo, la nueva lógica en la gestión de conflictividad no se trunque con la aplicación de viejas prácticas, propias de sistemas procesales de siglos pasados.

Sobre el diseño normativo que propone la reforma procesal penal, se destacan entre sus notas características la introducción de audiencias orales en todas las etapas del proceso penal -es decir, previas al juicio- lo que exige nuevos modelos de actuación para los fiscales, jueces y defensores.

En este sentido, la incorporación de la oralidad para discutir toda “incidencia” durante la investigación penal (prisión preventiva, nulidades, excepciones, discusión sobre admisibilidad de prueba para producir en juicio, entre otras) garantiza la publicidad del proceso; publicidad que constituye un límite natural a posibles arbitrariedades y, consecuentemente, determina la vía a través de la cual se concreta el control social de los actos de gobierno.

Asimismo, la reforma normativa también propone la incorporación de salidas alternativas a la sentencia penal (condena o absolución) a través de la mediación penal, la autocomposición, o la suspensión de juicio a prueba; bregando de tal modo por soluciones pacíficas al conflicto y procurando brindar respuestas de calidad que satisfaga los intereses de los protagonistas –víctima e imputado-. Como resultado, también se economizarán recursos, siempre escasos, que podrán ser direccionados para investigar hechos o conflictos de magnitud que así lo requieran.

La reforma que se postula, también destaca la centralidad del juicio oral y ubica a la etapa preparatoria –investigación penal- en el lugar que le corresponde; esto es, un período de tiempo razonable durante el cual, el Ministerio Público Fiscal, debe recolectar información para preparar su acusación.

En definitiva, será en la audiencia de juicio la oportunidad en la que se producirá la prueba ante un Tribunal imparcial, el que dictará sentencia a través de la información que reciba de las partes –luego de celebrado el debate- y sin contaminación previa que afecte la imparcialidad del juzgador.

Estas son las notas características de un modelo procesal acusatorio respetuoso de estándares internacionales que garantizan los derechos de los justiciables; y que, claramente, exceden la simple noción que se vincula con la necesaria y constitucional distinción de roles entre quien investiga (Ministerio Público Fiscal) y quien juzga (Poder Judicial).

A los solos fines de mencionar algunos ejemplos, en el país ya encontramos códigos procesales de neto corte acusatorio en las provincias de Chubut, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a la vez que se encuentran en pleno proceso de implementación las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero. Por su parte, la provincia de Formosa ha finalizado su proyecto piloto en pos de incorporar la oralidad en el proceso penal, con excelentes resultados; y en plena discusión legislativa hallamos a las provincias de Corrientes, Neuquén y Salta, entre otras.

Esta mera enunciación refleja la profundidad que está alcanzando en el país la reforma de los modelos procesales penales, que están virando saludablemente de modelos inquisitivos a modelos acusatorios.

El nivel de discusión y compromiso asumido en las provincias mencionadas a modo de ejemplo, es la cuenta pendiente más importante a nivel federal y, especialmente, de nuestros representantes en el Congreso Nacional.

Finalmente, en el marco de las reformas reseñadas, nos encontramos con el juicio por jurados, que constituye la gran deuda de los sistemas procesales penales para con la Constitución Nacional.

En la actualidad resulta muy difícil encontrar excusas válidas para postergar su implementación.

La transparencia y democratización del sistema de justicia penal solo puede concretarse a través de la participación ciudadana en los procesos penales. Y esta participación reclamada, ya no se ve satisfecha con audiencias públicas, en las que la ciudadanía participa en calidad de espectadora; antes bien, la participación prevista por la Constitución Nacional a través del juicio por jurados constituye el engranaje necesario para el funcionamiento del sistema de enjuiciamiento penal en la República Argentina.

Por estos motivos, las palabras de la presidenta resultan una bocanada de aire fresco y una convocatoria a trabajar en sintonía con modelos de sistemas penales que respondan a los ejes centrales referidos.

Adolfo Javier Christen*

Docente UBA

Integrante de la Asociación Pensamiento Penal y del INECIP

Funcionario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: http://puntojus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2074:el-paradigma-de-la-reforma-procesal-penal&catid=186:seccion-justicia

Coalición de ONG´s se pronuncian a favor de la reforma del Código Procesal Penal de la Nación

2011-07-29T14:54:00.000-07:00

Desde la Coalición de ONG´s para la Reforma Procesal Penal expresamos nuestra preocupación por al funcionamiento del sistema de justicia penal que diariamente demuestra su estado de emergencia.

En lo que va del año prescribieron una importante cantidad de causas judiciales de relevancia social. Por ejemplo, ese fue el resultado en la causa LAPA, tragedia aérea en la que fallecieron 65 pasajeros. Este desenlace se repitió en importantes casos de corrupción, como aquella contra el ex presidente Carlos Menem, por la venta en diciembre de 1991 del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina supuestamente en 100 millones de dólares menos de su valor real. Lo propio sucedió con las causas “Tandanor”, “Curtiembres Yoma” e “IBM/ANSES”.

Entendemos que esta ineficacia del sistema encuentra entre sus razones un Código Procesal Penal que no tiene ni reflejo ni razón de ser con las necesidades actuales. Asimismo, el código procesal vigente, que establece un procedimiento mayoritariamente escrito, secreto y ritualista, no permite el control republicano de los actos de gobierno. Por caso, se carecen de audiencias que transparenten y legitimen el sistema y que permitan a la ciudadanía tomar conocimiento y controlar las decisiones judiciales. En el mismo sentido, con la implementación de nuevas tecnologías no hay fundamento para seguir procediendo mediante expedientes escritos, que lo único que generan son demoras en la resolución de conflictos.

Es necesaria la definitiva instauración de un modelo adversarial, a través del cual se democratice efectivamente el proceso penal, y a través de él, el Poder Judicial; y se eviten dilatar los plazos procesales, dando respuestas rápidas y eficaces a las demandas de la sociedad. En el mismo sentido, sería destacable la participación de las víctimas –individuales o colectivas- en los procesos pues son ellas las afectadas en sus derechos.

El frustrante final de los expedientes mencionados, pero también un servicio de justicia con serios déficits en casos sin trascendencia pública, evidencia la imperiosa necesidad de que la reforma procesal penal forme parte de las prioridades de la agenda legislativa. Para mejorar y agilizar el funcionamiento de un sistema que hoy no está dando las respuestas que la sociedad espera de él: un servicio de justicia ágil, democrático, que haga uso de las nuevas herramientas tecnológicas para impartir justicia en tiempos oportunos, dando así satisfacción al central objetivo al que el Poder Judicial está llamado, afianzar la justicia.

"La pelea histórica entre Jueces y Fiscales"

2011-07-29T13:57:00.000-07:00

Los invitamos a leer la nota del Diario Página 12 del día 28 de Junio de 2011, titulada “La pelea histórica entre Jueces y Fiscales” en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-173219-2011-07-28.html

La nota pone de manifiesto porqué es necesaria la reforma Procesal Penal en el ámbito Federal.

El eje de la discordia: “Los fiscales acusan a los jueces de manejar los expedientes a su antojo, de regular los tiempos, de meterse de lleno cuando un tema les interesa por su capital político o de delegárselos cuando les incomoda por sus implicancias, o porque no saben por dónde empezar, o como castigo o bien porque perdieron en las apelaciones en Cámara o porque se hartaron”. “Los jueces alegan que ellos tienen la facultad de decidir con discrecionalidad cuándo y cómo le dan cabida a la fiscalía con la que les toca trabajar.”

Jueves, 28 de julio de 2011

LA PROCURACION ANALIZA UN PLANTEO DEL FISCAL DELGADO PARA DEFINIR ATRIBUCIONES EN LAS CAUSAS

La pelea histórica de jueces y fiscales

En Tribunales están expectantes por el estudio que encargó el procurador Esteban Righi para determinar el derrotero de las distintas investigaciones. La decisión de los jueces de retener determinados temas, en el centro de la polémica.

Luego del planteo del fiscal Delgado, el procurador Esteban Righi debe decidir el camino a seguir.

Por Irina Hauser

Desde hace años, jueces y fiscales discuten quién de ellos debe llevar la batuta en las investigaciones judiciales. Lejos de apaciguarse, esta pelea de poder histórica entró en su momento más álgido justo antes de que empezaran las vacaciones de invierno. La denuncia de un fiscal federal, quien señaló manejos “arbitrarios” de Sus Señorías, encendió una alerta en la Procuración General de la Nación –cabeza de todas las fiscalías–, que puso en marcha un relevamiento sobre el derrotero de los expedientes en todo el país y un análisis estadístico sobre la injerencia de los fiscales. En el organismo analizan propiciar un pronunciamiento de la Corte Suprema y/o promover una reforma legal que defina con claridad qué papel le toca a cada quien.

¿Cuál es el eje de la discordia? Los fiscales acusan a los jueces de manejar los expedientes a su antojo, de regular los tiempos, de meterse de lleno cuando un tema les interesa por su capital político o de delegárselos cuando les incomoda por sus implicancias, o porque no saben por dónde empezar, o como castigo o bien porque perdieron en las apelaciones en Cámara o porque se hartaron. Se quejan de que los tratan como auxiliares o asistentes de segunda. Como una “comisaría”, grafican algunos. Los jueces alegan que ellos tienen la facultad de decidir con discrecionalidad cuándo y cómo le dan cabida a la fiscalía con la que les toca trabajar. Ellos concentran las decisiones sobre medidas, indagatorias, procesamientos o exculpaciones. Esta fue por mucho tiempo una batalla silenciosa, a lo sumo de intercambiar caras de perro entre pasillos o despachos de tribunales, pero ya está en los papeles y se ha hecho pública.

El fiscal que se animó a plantear la necesidad de encauzar la controversia fue Federico Delgado. Lo hizo ante la Cámara Federal y, dos semanas atrás, ante la Procuración General. Sostuvo que los jueces no aplican un criterio “general” para encomendar las investigaciones a las fiscalías, pese a que la ley da ciertos parámetros, sino que hacen un uso “arbitrario” y “abusivo” de esa potestad de delegar las causas, “lo que va en desmedro de cualquier democratización del proceso penal” y “afecta la autonomía del Ministerio Público (las fiscalías)”. Todo esto, advirtió, “afecta el trabajo diario”.

El tironeo suele darse en distintos fueros, pero en el federal tiene la peculiaridad de que los denunciados-investigados suelen ser funcionarios públicos, exponentes del poder económico o represores de la última dictadura. Según el papel que quieran adoptar, el momento político y las perspectivas del caso, los jueces asumen o ceden las investigaciones.

Para ponerlo en ejemplos: Norberto Oyarbide delegó en la fiscalía de Carlos Rívolo la reconstrucción del patrimonio de Ricardo Jaime, pero maneja sin intermediarios la megacausa de los medicamentos que apunta a casi todas las obras sociales sindicales, igual que la del espionaje porteño. Cuando tuvo la de un supuesto complot para derrocar a Fernando de la Rúa sólo la delegó después de más de dos años, tras la apelación del fiscal Carlos Stornelli contra el archivo. La jueza María Servini de Cubría le delegó a Guillermo Marijuán la causa de la bolsa de Felisa Miceli cuando la ex ministra aún estaba en funciones, pero se quedó el año pasado con la denuncia de Cinthia Hotton sobre supuesta compra de votos para la aprobación del Presupuesto, que al final cerró. La jueza siempre procuró ocuparse en persona de las causas sobre apropiación de hijos de desaparecidos. La mayoría de los jueces federales han intentado capitalizar sin delegar las investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado.

En el fuero ordinario, la causa sobre el presunto intento de sobornar a jueces de la Cámara de Casación Penal para que liberaran a los detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra estuvo más de cinco meses a cargo de la fiscalía, primero de Mariano Solessio y luego de Sandro Abraldes, y en cuanto este último pidió indagatorias en mayo, el juez Luis Rodríguez asumió la pesquisa y ordenó más medidas de prueba antes de resolver nada.

Según la ley, hay dos momentos de intervención garantizada y decisiva de las fiscalías en los procesos judiciales: deben impulsar la “acción penal” si creen que hay razones para abrir una causa o de-

sistir de hacerlo y tienen el poder de apelar cuando, por ejemplo, el juez decide sobreseimientos o faltas de mérito, lo que implica la chance de revertir el rumbo de una pesquisa o (si no apela) dejarla morir. El problema es qué pasa en el ínterin. ¿El juez puede decidir en cualquier momento darle intervención o hay plazos? ¿Puede no dársela nunca?

Según planteó Delgado, la ley habla de un plazo de 24 horas desde que llega la denuncia, que algunos interpretan hasta tres días, para pasarle la posta a la fiscalía. El fiscal dice que no importan los días exactos, pero debe ser “con la mayor inmediatez posible”. Dice que no cuestiona la “discrecionalidad” de los jueces, pero lo que debe evitarse es que se convierta en “arbitrariedad”. El procurador Esteban Righi se tomó el asunto muy a pecho y ya analiza qué caminos seguir. Por lo pronto, la fiscalía de Política Criminal de la Procuración, a cargo de Mary Beloff, inició un sondeo de opiniones de las fiscalías de todo el país. En el fuero federal, todos los fiscales menos dos que decidieron no opinar, coincidieron con Delgado. Ahora está en plena confección la consulta en las fiscalías porteñas y federales del resto del país. También se está haciendo un análisis estadístico de participación de las fiscalías en los expedientes, cuánto tiempo los tramitan y en qué momento, según explicaron en el organismo a Página/12. Los resultados estarían listos en unos quince días, y en función de eso, Ri-ghi decidirá el camino a seguir. Promover una reforma de la ley que establezca funciones claras es una opción, compatible también con promover una opinión de la Corte Suprema.

En el fondo de la cuestión es una pelea de modelos y de estrellatos. Una pelea de poder. Los fiscales responsabilizan a los jueces de fomentar un sistema “inquisitivo” (que la jurisprudencia tiende a modificar) de rasgos autoritarios, donde los jueces concentran las decisiones: manejan el timing, interrogan y resuelven el destino de los imputados. Los fiscales quedan en una zona gris, expuestos al riesgo de ser figuras decorativas. El modelo “acusatorio”, en cambio, le da más protagonismo a los fiscales y es el que han fomentado la mayoría de los proyectos de reformas procesales de vanguardia, pero que hasta ahora no han tenido éxito, al menos a nivel nacional. Es un esquema que recorta el peso de los jueces –poderosa corporación si las hay–, lo que explica que las dificultades para su aprobación y las resistencias que ha generado en las jurisdicciones donde se empezó a aplicar, como la provincia de Buenos Aires.

JORNADAS DE REFORMA PROCESAL PENAL

2011-04-02T15:34:00.000-07:00

Los invitamos a asistir a las Jornadas de Reforma Procesal Penal que se realizarán los días jueves 7 y viernes 8 de abril.

Para mayor información o inscripciones, comunicarse a los teléfonos 4372-0570 ó 4372-4970 o vía mail a inecip@inecip.org

El programa es el siguiente:

Jueves 7 de abril:

14.30 Acreditación

15.00 – 15.30 Apertura de las jornadas

Sidonie Porterie

Luis María Cabral

Martín Nessi

15.30 – 17.30 Primer Panel: Ejes de la reforma procesal federal.

Importancia de la Reforma: Alberto Binder

Rol de los jueces en el nuevo proceso penal: José Cafferata Nores

El nuevo papel de la defensa: María Fernanda López Puleio

Desafíos del Ministerio Público Fiscal: Luis Cevasco

18.00 – 19.30 Segundo panel: Oralidad.

Plan piloto y art. 353 bis del CPPN: Wilma López

La oralidad en la Audiencias preliminares: Gonzalo Rua

La experiencia de la oralización de los recursos: Gustavo Bruzzone

Viernes 8 de abril:

15.00 – 17.00 Tercer Panel: Rol del Ministerio Público Fiscal en la reforma procesal.

Policía y Ministerio Público de cara a la investigación preliminar: Marcelo Colombo

Organización del MPF: Pablo López Viñals

Criterios de actuación y política criminal: Agustín Gamboa

Desafíos del MPF en la investigación de delitos de connotación social: Cristian Riego

17.30 – 18.30 Cuarto panel: Experiencias Provinciales.

La reforma procesal penal en Chubut: Ivana González

La implementación en Concordia: Alberto Funes Palacio

La situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Santiago Otamendi

18.30 – 19.30 Quinto panel: Víctima, sociedad y reforma.

Legitimación de la víctima: Leandro West

Querella y participación popular en delitos complejos: Pedro Biscay

El nuevo rol de la víctima y la oficina de Asistencia a la víctima en el sistema adversarial: Plat Gustavo

19.30 Cierre.

Oscar Albrieu

Virginia Simari

Cristian Riego

Jornada de Debate sobre la reforma del Código Procesal Penal de la Nación

2011-02-22T04:25:00.000-08:00

Los invitamos a participar de la Jornada de Debate sobre la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, la cual se llevará a cabo el día miércoles 2 de Marzo del corriente año a las 18 horas, en el Salón de Actos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, ubicado en la calle Uruguay 485, Planta Baja.

En la Jornada se informará sobre el lanzamiento del Concurso Abierto de Ponencias.

Las exposiciones estarán a cargo de:

Angela Ledesma. Presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Ricardo Pinto. Juez Nacional en lo Criminal de Instrucción.
Gonzalo Rúa. Juez del fuero Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Schabas Madueño. Integrante Comisión Interna de Penal de la UEJN.

Repercusiones de la reforma procesal penal

2010-11-16T10:53:00.000-08:00

"Expediente mata persona"

Con esa expresión se resume el debate que tuvo lugar en la segunda audiencia que se llevó adelante en la Comisión de Legislación Penal del la Cámara de Diputados en virtud del proyecto de reforma procesal penal que se está discutiendo.

Para más info: http://www.diariojudicial.com/noticias/Expediente-mata-persona-20101103-0003.html

Repercusiones de la reforma.

2010-11-15T15:06:00.000-08:00

Ahora es el propio Poder Ejecutivo Nacional el que reclama un cambio en la legislación procesal penal nacional.

Ahora, el propio Ministro de Justicia Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak sostuvo, en una nota que otorgó al Diario Judicial sostuvo que: "nos parece que los proyectos de modificación del Código Procedimiento Penal son muy útiles porque el sistema inquisitivo es un sistema perimido y necesitamos ir a un sistema acusatorio en donde tanto el imputado como la víctima tengan derecho de participar, más allá del Ministerio Público obviamente… y está probado que garantiza mayor celeridad".

Destacó que "Con el sistema de oralidad, seguramente habría menores niveles de impunidad y más garantías procesales. Por lo tanto, estoy de acuerdo en ir a un cambio de sistema".

Cada vez más actores políticos, sociales y judiciales dan cuenta de la necesidad de un cambio.

Para más información: http://www.diariojudicial.com.ar/reportajes/El-sistema-inquisitivo-es-un-sistema-perimido-necesitamos-ir-a-un-sistema-acusatorio-20101112-0007.html

Jornada sobre la reforma en la Asociación de Abogados de Buenos Aires

2010-10-18T09:08:00.000-07:00

Un reclamo social para un nuevo Código Procesal
Jornada sobre reforma del Código Procesal Penal

La Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Observatorio de la Justicia Argentina tienen el agrado de invitar a la JORNADA sobre la necesidad del dictado de un nuevo Código Procesal Penal, a realizarse el lunes 18 de octubre a las 18hs. en el salón de actos de la AABA, calle Uruguay 485, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los siguientes panelistas:

Oscar Albrieu – Diputado Nacional (Frente para la Victoria) integrante de la Comisión de Legislación Penal)
Jorge Auat, Fiscal Federal Penal, titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado
Alberto Binder, jurista, asesor en la redacción del proyecto
Horacio Cattani– Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
Juan Carlos Vega – Diputado Nacional (Coalición Cívica), Presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados

Moderadores Ricardo Huñis (AABA) y José Massoni (OBSERVA)

Las entidades organizadoras consideran que una de las causas más importantes en la deficiente administración de justicia es el Código Procesal Penal de la Nación que rige en la actualidad. Existe, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación Penal, un proyecto, poco conocido y presentado con la firma de diputados de casi todas las fuerzas.

Para asegurar una mejor organización de la jornada, atento la capacidad del salón y la duración establecida, nos vemos obligados a solicitar la previa inscripción por correo electrónico a informesaaba@fibertel.com.ar observa@observajusticia.org o por teléfono al 4371.8869.

http://www.aaba.org.ar/actividad/reforma-del-c%C3%B3digo-procesal-penal

Arrancó el debate

2010-10-14T20:37:00.000-07:00

El día 12 de octubre de 2010 se presentó en audiencia pública en la Cámara de Diputados el proyecto de código procesal penal para la justicia federal presentado por el diputado Oscar Albrieu en junio del mismo año. En la misma estuvieron como oradores los Dres. Daniel Rafecas, juez del Juzgado Fed. Nro. 3 de la Capital Federal y Oscar Pandolfi, abogado, oriundo de la provincia de Río Negro. Este último estuvo a cargo de la primera exposición en la que destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene sosteniendo a través de distintos pronunciamientos, tales como “Casal” en el año 2005 y “Sandoval” este año, que el modelo de enjuiciamiento por el que se inclinó el constituyente es el acusatorio. De esta manera y poniendo en crisis el actual sistema mixto o inquisitivo reformado –en sus palabras, reformado hacia uno más inquisitivo- sostuvo que la figura del juez de instrucción no tiene cabida en el modelo referido por la Constitución así como reclamó por la implementación del juicio por jurados. A su favor, destacó que las resoluciones de los jurados se diferencian por ser más transparentes y que al no ejercer éstos como jueces permanentemente disminuyen las posibilidades de ser corrompidos.
Por su parte, el Dr. Rafecas se presentó como “miembro de la corporación judicial” asumiéndose en minoría dentro de ésta e indicándola como una de las principales refractarias al proceso de reforma. Hizo hincapié en uno de los ejes centrales del proyecto, esto es, el redireccionamiento de la persecución penal en la medida en que permite prescindir de ésta en delitos de menor gravedad para así destinar recursos a la criminalidad compleja. En relación a éllo señaló que en la actualidad el 75% de los casos que ingresan al sistema penal son por delitos contra la propiedad (hurtos, robos y estafas) vinculados con los sectores más vulnerables de la sociedad.
Entre otras cosas también destacó la relación que existirá entre los fiscales y la policía de investigaciones. El hecho de que aquéllos tengan la dirección funcional de la investigación redundará en una reducción en los hechos de corrupción dentro de las fuerzas policiales. Por su parte, hizo referencia a la necesidad de contar con fiscalías descentralizadas, que se mantengan cerca del conflicto, permitiéndoles gestionar los problemas complejos con mayor eficiencia.
A su vez, remarcó que en materia de recursos es el mejor código del que tiene conocimiento, señalando que la limitación a éllos obstruirá las maniobras dilatorias de la defensa evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente.
También destacó que la presentación del recurso sea frente al mismo juez que deberá resolver, evitando lo que en la actualidad redunda en recursos de queja.
La jornada finalizó con un interesante debate entre los presentes respecto a la implementación del juicio por jurados en la que el Dr. Pandolfi tomó la palabra para desmitificar algunos prejuicios que se tienen respecto a la participación popular en la toma de decisiones, destacando que éstas tienen una mayor legitimidad por ser la voluntad del pueblo.

El Proyecto en el 88.7 de tu dial.

2010-10-06T17:42:00.000-07:00

Mañana, jueves 7 de octubre a las 17 hs., Helena Arteaga y David Terroba, miembros del INECIP, estarán en el programa de radio "El peso del rocío" que se transmite por FM LA TRIBU, 88.7, charlando sobre el proyecto de Código Procesal Penal para la justicia federal que será presentado en audiencia pública el martes 12 de octubre en la Cámara de Diputados.

URGENTE

2010-10-04T05:35:00.000-07:00

CAMBIO DE FECHA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.

SE LLEVARÁ ADELANTE EL 12 DE OCTUBRE

Próximo tratamiento del Proyecto de reforma

2010-09-28T17:09:00.000-07:00

Los diputados dan cuenta de la importancia y la premura en el tratamiento del Proyecto de Código Procesal Penal Nacional.
En una nota brindada a Página 12, el diputado Juan Carlos Vega sostuvo que, previo al tratamiento de leyes como la del aborto, resulta indispensable debatir un nuevo proceso penal.

Para más info: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-153914-2010-09-28.html

Los ejes de la reforma.

2010-09-28T11:16:00.000-07:00

Algunas de las cuestiones que se estuvieron discutiendo en el blog y que son receptadas por el Proyecto de CPP fueron analizadas por Diego García Yomha y Santiago Martínez en un artículo publicado por La Ley el 21 de septiembre pasado en el suplemento actualidad.

La información está titulada

"El Bicentenario y una nueva posibilidad de reformar el Código Procesal Penal de la Nación"

Para mayor información: http://www.laleyonline.com.ar

Texto sobre el debate de los ejes de la reforma.

2010-09-27T17:06:00.000-07:00

Para todos los que entraron en el debate respecto de los ejes que deberían ser modificados en el Código Procesal Penal, y para aquellos que sin entrar lo siguieron, desde este espacio proponemos la lectura de un artículo escrito por Alberto Binder.
En dicho texto trata las principales cuestiones discutidas.
Aca, una breve intro:

"…la cuestión principal se traslada a tratar de configurar el espacio de lo judicial enfrentado la fuerza de la configuración inquisitorial de ese campo. Cuando decimos configuración inquisitorial significa, preeminencia del trámite, formalización, cultura del secreto, organización judicial rígida y verticalizada, falta de control de gestión, despreocupación por los resultados, despersonalización, etc. Para ello ya no alcanza con el desarrollo normativo del modelo constitucional sino que es necesario tener capacidad para comprender y modificar las prácticas concretas que configuran el campo de la justicia penal bajo la estructura inquisitorial”. Estos son algunas de las vallas que debe sortear el proceso de reforma de la justicia penal según Binder. Por ello, la sanción de un nuevo código procesal penal deja de ser un fin en sí mismo para transformarse en una herramienta para la introducción de nuevas prácticas que necesariamente chocarán con aquellas de tradición inquisitiva.
En el breve trabajo que aquí se recomienda, entre otras cosas, el autor nos sitúa en los desafíos que se presentan al introducir la oralidad como manera de acabar con la cultura del “trámite” para pasar a la del “litigio”. Por otra parte, pone en discusión la ausencia de verdaderos sistemas de investigación, consecuencia de la falta de separación entre la policía de seguridad de la de investigación que dificulta la relación entre ésta con el Ministerio Público Fiscal, organismo que a su vez deberá revisar la manera en la que se encuentra organizado.

Para acceder al texto completo: http://www.inecip.org/biblioteca/biblioteca.php?contenido=biblioteca_detalle.php&id=103

Finalmente se debate el proyecto de Código Procesal Penal Nacional

2010-09-24T13:26:00.000-07:00

Invitación al Congreso de la Nación para presenciar el debate y exposición sobre el nuevo proyecto de Código Procesal Penal de la Nación.

Encuesta

2010-09-20T17:29:00.000-07:00

¿Cuáles son los ejes que considera que necesariamente deberían ser modificados en un nuevo sistema procesal penal?

ENCUESTA

2010-08-31T17:02:00.000-07:00

¿Cree Ud. que el sistema penal brinda respuestas eficientes al ciudadano?

Repercusiones de la Reforma

2010-07-12T16:31:00.000-07:00

El pasado 8 de julio, en un artículo publicado por el diario jurídico La Ley, sección Primera Hora, el Dr. José Cafferata dio su claro apoyo al proyecto de Código Procesal Penal que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional.

En esta reseña, el autor expone sintéticamente cuáles son los lineamientos básicos del Proyecto, sosteniendo que “propone un sistema que reformula los métodos de investigación, reordena el rol que le corresponde a cada uno de los actores del proceso y trata de adecuarse a los nuevos desafíos de la criminalidad organizada y a los que presentan aquellos delitos que tienen incidencia directa en el mantenimiento del funcionamiento adecuado de un Estado de Derecho”.

En síntesis, un apoyo más a la reforma procesal penal tan demorada.

El archivo puede consultarse en www.laleyonline.com.ar

Doctrina sobre la reforma

2010-07-05T19:35:00.000-07:00

LA FUERZA DE LA INQUISICION Y LA DEBILIDAD DE LA REPUBLICA

Alberto M. Binder*

SISTEMAS JUDICIALES Y DEBILIDAD DE LA LEY.

La historia de la legalidad en América Latina es la historia de la debilidad de la ley. Esta frase que parece dramática o exagerada (y, sin duda, su formulación es excesiva) deja de parecerlo cuando nos enfrentamos a un sinnúmero de acontecimientos cotidianos: normas claras, clarísimas, de nuestras Constituciones que son incumplidas sin mayor problema, derechos elementales que son considerados meras expectativas o utopías sociales (cláusulas programáticas), abusos en las relaciones sociales que contradicen normas indubitables de la legislación común, ilegalidad en el ejercicio de la autoridad pública, privilegios legales o administrativos irritantes, impunidad generalizada y otras tantas manifestaciones similares que cualquier ciudadano común no tendría ningún problema en enumerar o le alcanzaría con repetir simplemente los dichos populares que expresan la profundidad del descreimiento social en el valor de la ley.
Este estado permanente de anemia legal no es un producto de la época. No lo podemos describir como una crisis de legalidad, porque eso presupondría que en algún momento de nuestra historia imperó la ley y que luego se debilitó por algún conjunto de circunstancias. Una perspectiva de esa naturaleza, bastante común en los discursos públicos que apelan a una pasado de gloria, nunca bien delimitado, nunca bien documentado, nos daría una visión empobrecida de nuestro problema. Desde su nacimiento el Estado indiano se configuró como un sistema de privilegios encubierto por una maraña de legalidad ineficaz. Algunos explicarán esa contradicción como el intento fallido de frenar la reconstrucción del sistema feudal en la nueva América (intento que finalmente produjo igualmente un sistema feudal sin legalidad feudal) otros dirán que la bondad de los monarcas y sus sacerdotes intentó frenar la codicia de los adelantados (y finalmente resulto esclavismo y servidumbre sin “esclavos ni siervos”) o que las distancias, los problemas de comunicación, la vastedad y feracidad de un territorio conspiraban contra las buenas intenciones de la Nueva o Novísima Recopilación. Estas y otras explicaciones similares –en verdad de escaso valor explicativo frente a un fenómeno histórico tan complejo- nos han servido para ocultar las nuevas ilegalidades que cada época histórica producía, generando una sucesión cíclica de emergencias que se repararaban con emergencias, de ilegalidades que convocaban a otras nuevas. Hasta el presente nos cuesta en América Latina hallar el camino de la fortaleza de la ley y nos sumergimos permanentemente en la “lógica de la emergencia”.
Por supuesto, debilidad de ley ha sido también debilidad de la razón jurídica. No sólo porque la razón de Estado ha imperado en nuestra historia sino porque también en las relaciones sociales poco ha importado la referencia a la ley o cuando se la ha utilizado ha sido más para ratificar el poder del poderoso que para fortalecer la debilidad de quien efectivamente necesitaba recurrir a la razón jurídica. Tampoco aquí podemos hablar de crisis sino de un largo proceso histórico y social de debilidad que ha impedido que la institucionalidad se entremezclara con nuestra vida cotidiana como un sistema de reglas igualitarias antes que como un refugio para privilegios mayores o menores.
Entre la debilidad de la ley y la anemia de la razón jurídica se ha moldeado nuestra cultura jurídica. Bajo dos formas predominantes: una, la forma curialesca que ha hecho del saber jurídico un saber de formas, cabalas y rituales insustanciales y a la enseñanza una trasmisión artesanal de gestorías; la otra, el conceptualismo que ha permitido crear otro saber jurídico paralelo al curialesco –pese a su desprecio por él- también despreocupado por construir fuerza para la ley y entretenido en miles de clasificaciones arbitrarias y tan insustanciales como los trámites del gestor. Por otra parte, ambas formas han constituido a la cultura jurídica como una cultura profesional y no como una cultura de la ciudadanía. Pese a ello, cada vez que se vuelven evidentes los defectos y debilidades de esa cultura jurídica, se carga el fardo nuevamente en la espalda de una ciudadanía que tiene muy pocas razones valederas para creer en la ley y en el derecho. La autonomía del conjunto de prácticas profesionales que constituyen predominantemente el mundo jurídico y que se desentienden de los efectos sociales que producen constituyen hoy uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de una república democrática. Nuestra cultura jurídica es, en gran medida, un reservoreo autoritario que se reproduce a través de otras prácticas de enseñanza, formal e informal, que todavía no hemos aprendido a criticar en profundidad y menos aun a modificar. Ella ha sido moldeada por la tradición inquisitorial y, a su vez, reproduce y perpetúa esa tradición del modo más fuerte posible, es decir, sin gran conciencia de ello.
Esta visión exagerada – debe serlo por razones comunicacionales, para volver visible una realidad a la que estamos tan acostumbrados los abogados, está tan enrevesada con nuestra vida cotidiana, que difícilmente sea percibida sino es pintada con colores fuertes, aunque esa pintura distorsione en algo lo que necesitamos ver-, no es el producto de circunstancias particulares. Es el modo como la primera etapa del “estado moderno”, que se constituye alrededor de las grandes monarquías absolutas resuelve el problema de la “gestión del nuevo mundo”.
Como nos ha enseñado Dussell, América Latina cumple un papel importante en el nacimiento de la modernidad. La Europa que pugnaba por entrar en el gran sistema interregional (que se encontraba al oriente de ella) y que tras lo siglos todavía se hallaba cerrado en gran medida a su comercio e influencia (Lepanto estableció un statu quo, pero también una barrera infranqueable). La búsqueda de nuevas rutas que financiaba el capital italiano hubiera sido totalmente distinta si Europa no se hubiese “topado” con la inmensidad de América. Allí nació no sólo un nuevo “mundo” sino que en gran medida, junto con la circunvalación completa de África se constituyó “el mundo”, el “sistema-mundo (Wallerstein) que modificó totalmente la cultura y la economía del Occidente en expansión.
Para asegurar y “administrar” esa expansión, nace un nuevo modelo de Estado, una nueva forma de concentración de poder que deja atrás el sistema feudal y su legalidad estamental, para ejercer “soberanía” sobre territorios más vastos, supuestamente habitados por una nación. Nace así el Estado-Nación, cuya crisis hoy percibimos pero que todavía no ha dejado de existir. Esta Estado-Nación se caracteriza por nuevas necesidades de gestión y para ello necesita también reducir la complejidad, anular la diversidad. La “razón gestiva” será el gran instrumento de la modernidad para simplificar el mundo, elaborar categorías unitarias frente a lo diversos, abstracciones frente a fenómenos particulares y concretos inmanejables. Una nueva forma de la razón instrumental que no es sólo ni principalmente producción sino, antes que nada, administración de la diversidad hacia fines productivos concentrados. Simplificación, reducción de la diversidad, cosificación, concentración de poder, abstracción, serán otras palabras para el proyecto político de “una nación, una religión, un rey”. De este carácter abarcativo nace la fuerza de la modernidad inicial y la persistencia de muchas de sus ilusiones, que hoy vemos desmoronarse frente a una nueva etapa de la globalización que reclama también un nuevo tipo de estado moderno, aunque con las mismas técnicas de simplificación y la misma realidad de poder concentrado.
Esta primera etapa del Estado moderno consolida un nuevo modelo de sistema judicial que es el sistema inquisitorial. A partir de la recepción del derecho romano tardío (Corpus Iuris Civile) y del proyecto de la iglesia romana de consolidar su primacía se van incorporando a partir de siglo XII las viejas técnicas de la “cognitio extraordinem” que nunca constituyeron la esencia del funcionamiento del sistema judicial romano sino su adaptación a las necesidades imperiales. Pero será en el siglo XVI cuando se consolida el sistema inquisitorial como el nuevo modelo judicial de los Estados-Nación, administrados por la monarquía absoluta. El “malleus malleficarum” (1479) será la obra que le dará sustento moral, religioso y técnico al nuevo sistema, junto con las obras de Bodino, las prácticas de Spina y las veleidades de Jacobo I.
La incorporación del sistema inquisitorial no será la adopción de meras técnicas procesales, sino un giro copernicano respecto de las prácticas judiciales anteriores, que extiende sus efectos hasta nuestros días. El se constituirá como un sistema judicial (y un sistema de legalidad) completo, que tendrá las siguientes características:

a) frente a la diversidad de los conflictos y las antiguos formas de dirimir los pleitos entre partes, nace el concepto de infracción. Este concepto es capital para entender todo el desarrollo del derecho penal y procesal penal hasta nuestros días. En cada conflicto (el pleito de Juan con Pedro- conflicto primario-) se superpondrá otro, más fuerte y principal que es el pleito entre el infractor y el monarca, es decir, la relación de desobediencia. (conflicto secundario). A partir de entonces y hasta el presente el derecho penal dirá “ lo que me interesa Juan no es que le hayas pegado a Pedro sino que en tanto le has pegado a Pedro, me has desobedecido, a mí el monarca, o al orden que he establecido, esa será la causa y la razón de tu castigo.

b) La administración de justicia se organiza a través de un cuerpo de profesionales, tanto los juzgadores como un nuevo personaje que será el Procurador del rey, quien ocupa (y ocupará hasta el presente) el lugar de la víctima, primero a su lado y luego desplazándola completamente. Estos cuerpos de funcionarios (que a su vez darán nacimiento a la “abogacía moderna”) serán organizados de un modo piramidal, como corresponde a la idea de la concentración del poder jurisdiccional en el monarca. Sucesivos estamentos de esa pirámide tendrá mayor poder: de todos modos el último escalón de ese modelo de organización será el menos poderoso y sus decisiones siempre provisionales, ya que por el sistema de consultas obligatorias o de medios de impugnación sus decisiones siempre serán revisadas. Este modelo de verticalización que rompe con la idea tradicional según la cual el juez es el juez de primera o única instancia, continuará hasta nuestros días y será una de las características más fuertes del sistema inquisitorial.

c) De la mano de lo anterior se abandonan las formas adversariales propias del derecho romano y germánico y se adapta el funcionamiento del sistema judicial a la preeminencia del conflicto secundario, es decir, a la relación de desobediencia. El duelo será entre el infractor y el restaurador del orden (el inquisidor, representante del monarca o de su orden público). Este duelo se desarrollará a través de un trámite (sin duda desigual) cuyo objetivo no será la decisión final (la sentencia) sino restaurar durante el trámite y gracias a él, la relación de obediencia (confesión como sumisión). Desde entonces se ha establecido la primacía del trámite y ese trámite como ejercicio de poder. Nuestros actuales sistemas de justicia penal conservan todavía esta característica y ello explica la persistencia del expediente como práctica fundamental y fundacional de nuestros sistemas judiciales. El trámite es la expresión material del conflicto secundario.

d) Se adopta la forma escrita y secreta. Ambas dimensiones son parte de lo mismo. En el proceso inquisitorial no se establece un diálogo ni un debate, sino una relación de poder orientada a obtener sumisión. De allí que el infractor (que ya está constituido como tal una vez que ingresado al sistema inquisitorial, es decir se ha admitido la denuncia, algo similar a lo que ocurre con el actual uso de la prisión preventiva) sea un objeto que debe ser transformado (cosificación, despersonalización que dura hasta nuestros días). La escritura y el secreto constituyen un nuevo mundo judicial, autorreferente, autista respecto al entorno social, con un lenguaje propio (todavía se habla en los tribunales de un modo distinto y se usan fórmulas antiguas del español), preocupado preferentemente de sus reglas internas, de sus mandatos de adaptación, etc. De este mundo cerrado nacerá la cultura inquisitiva que es la matriz básica de funcionamiento de nuestros actuales sistemas judiciales.

e) Los defensores y los juristas de las nacientes universidades se integran al sistema inquisitivo y predomina la identidad corporativa a la diferencia de funciones. De este modo el conjunto de abogados gira alrededor y conforma el mismo sistema inquisitivo, ya sean jueces, promotores, defensores o profesores de derecho. Este carácter abarcativo del sistema inquisitorial, sustentado originariamente por la idea de cruzada moral en la que no había otra posibilidad que estar en un bando o en otro (si el infractor es inocente Dios descubrirá su inocencia, si es culpable, su defensor es su cómplice) mutará de formas hasta el presente pero dejará la impronta de una comunidad profesional también auto referente y con fuertes patrones de adhesión y pertenencia. Ello hace que el problema del sistema inquisitorial sea también un problema del ejercicio de la abogacía y de la enseñanza universitaria.

f) Finalmente, toda esta organización, que parece fuertemente estructurada a través de normas y prácticas escritas, de estamentos profesionales, de un lenguaje técnico, del secreto y la solemnidad, de fórmulas inconmovibles es, al contrario, extremadamente débil, porque toda esta estructura se sostiene en un vértice de poder con capacidad de establecer excepciones, de saltar etapas y pasos, de imperium sin fundamentación, de remover o sancionar a sus funcionarios (que son empleados del rey, del gobierno, del Estado), de perseguir a defensores y juristas, en fin, una fachada de rigidez y fortaleza que esconden una estructura débil y sumisa. En los sistemas inquisitoriales el concepto de independencia judicial es inaplicable porque se trata de un modelo de administración de justicia pensado y organizado sobre la base de la sumisión del funcionario.

En nuestros países se traslado esta maquinaria judicial pero con características especiales. No en cuanto a su funcionamiento u organización sino en cuanto a su adaptación al sistema fraccionado de poder de este vasto continente. Como ya hemos dicho la legalidad inquisitorial no pudo siquiera cumplirse como tal porque el poder concentrado no tuvo la capacidad de extender su poder del mismo modo que en la España recién “unificada”. Nuestro sistema feudal sin legalidad feudal, convivió con una legalidad inquisitiva (totalmente contraria a la legalidad feudal) que no podía ni debía aplicarse. De allí las tensiones que a los largo de los siglos existieron entre la legalidad de los monarcas y las reglas efectivas del Estado indiano. Esto influyó en nuestro desarrollo institucional de dos modos que constituyen las dos caras de una misma moneda: una impidiendo que se desarrollara una legalidad y una práctica judicial que cumpliera una función real en la vida económica y social; la otra generando un espacio ficcional de proclamas y falsas obediencias (se acata pero no se cumple) que tranquilizaba a los monarcas y les permitía aprovechar lo real (las remesas de metales preciosos) sin renunciar a la legitimidad de lo formal (las leyes de indias). Cuando España decide “administrar” sus reinos bajo otras formas (las reformas de Carlos III) ya se desencadena el fin del imperio español en América. Esta doble configuración de la legislación indiana tuvo dos efectos que duran hasta el presente: uno impidió el desarrollo de algo así como una “ley de la tierra” (buena o mala, pero arraigada en la vida social creando una práctica social de gestación de legalidad). Al contrario la vida social quedó regida por la arbitrariedad y el interés inmediato. Por otra parte, generó un mundo de ficciones y fantasías de legalidad (las repúblicas aéreas en la terminología bolivariana), alimentado por un sistema judicial y una corporación profesional que lo convirtió en su mundo. La artificialidad del mundo de la legalidad se convirtió en el “mundo real” de la corporación jurídica. Tal como ocurre hasta el presente.

I. ESPERANZAS Y FRACASOS DEL PENSAMIENTO REPUBLICANO.

No sólo nada es tan lineal como ha sido expuesto, sino que la configuración histórica de los sistemas inquisitivos y el derecho penal de la infracción que le es propio fue objeto de agudas y permanentes controversias. Desde los inicios mismos del sistema inquisitorial, la obra teórica y práctica de los inquisidores fue objetada y combatida. No sólo los excesos de un Bartolome Spina sino el propio Malleus Malleficarum, encargado por el mismo Papa a los inquisidores Sprenger y Kramer fue considerado como una obra tendenciosa y odiosa por sus contemporáneos. En un primer momento Wyer y los movimientos vinculados a Erasmo de Rotterdamm consideraron esos libros y la persecución que provocaban el mejor ejemplo del interés en mantener la superstición y lucrar con ella. Mucho más certera aún fue la crítica del defensor de brujas Francisco Spee. El nombre de su obra “Cautio criminalis” nos anticipa un debate que recorrerá la historia hasta nuestros días y que surge no tanto de ideales como de la constatación terrible del abuso, del castigo a inocentes, de la violencia sin control y del apego a ella por parte de los déspotas y sus burócratas.
Pero esos movimientos fueron anticipación de algo mucho más abarcador e importante: la crítica a la justicia del “Ancién régime” que llevará adelante el movimiento de la ilustración. De la defensa de Callas por Voltaire, hasta la epítome de Carrara, pasando por Beccaría, Filangieri, Montesquieu o Pagano nos hallamos ante uno de los mayores esfuerzos por desmontar el modelo inquisitorial y sentar las bases de una justicia penal republicana, tanto en el plano cultural como en diseño de una nueva ingeniera institucional. Asimismo desde el Plan de Legislación Criminal de Marat hasta el Código de Baviera de Anselm v. Feurbach, asistimos al mejor intento de llevar a la práctica los principios políticos de la República en el ámbito de la justicia penal, generalmente en condiciones sociales y políticas adversas. Esta generación de pensadores que nutrió tanto al despotismo ilustrado como al republicanismo más extremo, ha sentado las bases y los grandes modelos de comprensión del problema judicial hasta nuestros días.
Sin embargo, así como la Monarquía absoluta encontró en la Inquisición a su instrumento de control y dominación, el nuevo estado moderno, de cuño bonapartista, diseñará un nuevo modelo judicial, que recoge todas las características del sistema inquisitiorial y les da nuevos bríos (ahora será la “legislación moderna” que copiarán todos los estados europeos y latinoamericanos hasta bien entrado el siglo XIX) y también lo perfecciona dotándolo también de una policía moderna y de una pretensión de exhaustividad (expresada en el concepto de la acción pública) que repotencia al derecho penal de tipo infraccional. El Código de Instrucción Criminal de 1808 restaura la inquisición pese a los esfuerzos que habían hecho los ilustrados. El predominio final de los magistrados que consideraba a la legislación francesa de 1670 como la culminación de la sabiduría jurídica terminaron por imponer sus costumbres y sus prácticas, funcionales al nuevo modelo de poder concentrado.
Es así como se consolida el derecho procesal penal de las grandes burocracias judiciales. Las aspiraciones principales del pensamiento liberal: el enjuiciamiento publico, los jurados, la determinación precisa de las leyes y las penas, el discernimiento claro de las pruebas, la aplicación de la razón al juicio penal, la tajante división entre derecho y moral, el respeto al fuero íntimo, la abolición de la tortura, la imparcialidad e independencia de los jueces tardará todavía bastante en imponerse en la adopción formal de las leyes y espera todavía su tiempo ante las prácticas inquisitoriales que todavía son moneda corriente en nuestros sistemas judiciales.
La recepción de los modelos franceses por el resto de la Europa continental y, en especial, por las nuevas “naciones” Alemana e Italiana, en la segunda mitad del siglo XIX producirá textos procesales que renovarán la influencia de los modelos franceses. Además se genera un nuevo desarrollo teórico, que lentamente sacará al derecho procesal de la visión curialesca y pronto lo llevará al modelo conceptualista (del que se burlaba el mismo Ihering). Las nuevas reflexiones sobre la relación jurídica procesal (v. Bülow), la aplicación de las categorías de la también naciente Teoría general del Derecho, la polémica sobre la “actio” (Windsheid y Müther) y otros textos ya considerados clásicos, establecen los cánones del nuevo derecho procesal. Llevados a Italia por Chiovenda, desarrollados y ampliados por toda la escuela italiana (Calamandría, Carnelutti, Redenti, Allorio, Manzini, Florian y tantos otros) y pos los nuevos Códigos de 1913 y 1930, tendrán una gran influencia en toda América Latina de la mano de Couture, Alcalá Zamora, Alsina, Sentís Melendo, Vélez Mariconde y toda una generación de procesalistas que se forma con ellos. Sin embargo, poco se advierte que todo ese aparato conceptual era una teorización sobre el sistema inquisitivo: que los supuestos conceptos abstractos se habían construido sobre la base de un modelo determinado de proceso penal y que éste había impuesto sus categorías diferenciales: el trámite por sobre el litigio, el trámite por sobre la decisión de fondo, la supuesta “neutralidad” de las formas procesales, la omnipotencia del juez que convirtió a los sujetos procesales en “auxiliares de la justicia”, la burocratización de las formas, de las notificaciones, de las citaciones, el casuismo convertido ahora en feracidad clasificatoria, la ausencia de una reflexión política que escondía una alta funcionalidad política; en fin, así como las viejas doctrinas morales y religiosas ocultaban las verdaderas funciones de la inquisición, el nuevo derecho procesal y sus teorías generales nos mostraban un sistema judicial muy diferente del que existía en la práctica y nos ocultaba sus verdaderas funciones en el marco de la debilidad de la República.
Cuando observamos este proceso en el terreno de nuestros países, más titánicos son los esfuerzos por construir una justicia republicana (todavía esta pendiente una investigación que rescate todos los textos sobre la administración de justicia producidos en la primera mitad del siglo XIX y los analice en perspectiva regional) y más estrepitosos los fracasos. Lo que es claro es que la generación republicana de América, al igual que los ilustrados, tenía claro el papel de una reforma total de la administración de justicia, que dejara atrás para siempre las prácticas inquisitoriales. Tenía claro, también, que esa tarea no era sólo una tarea “jurídica” sino que era una de las mayores contribuciones a la fundación de repúblicas, objetivos tan caro, sino más, que la propia independencia. Pero todos los intentos, desde los radicales como los “Códigos Livignston” de Guatemala, hasta los menos agresivos como los “Códigos de Procederes” del Mariscal de Santa Cruz en la Federación Boliviano-Peruano, pasando por innumerables intentos en las leyes, en los reglamentos y en las nuevas Constituciones, fueron derrotados por la práctica cotidiana de la abogacía, por la fuerza tremenda de las rutinas y los trámites, por la visión curialesca (de la cual la Curia Filípica de Hevia Bolaños, usado durante mucho tiempo y similar en su forma a muchos de los actuales manuales y guías prácticas de derecho procesal) o por un pensamiento jurídico que pensaba que la dogmática jurídica poco tenía que ver con el funcionamiento concreto de los sistemas judiciales.
Todo el siglo XX nos encuentra, entonces, con el sistema inquisitorial vivo y potente, aunque revestido de distintos ropajes:

1. Algunos países conservaban directamente el viejo modelo español totalmente escrito, secreto, con pruebas legales, con identidad entre acusador y juzgador. En definitiva el viejo modelo de la “Constitutio Criminalis Carolingia” o la Ordenanza Francesa de 1670 (Argentina en su sistema federal y en algunos de sus Estados, Chile, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Nicaragua-con algunas variantes-,Honduras, Guatemala.). En ellos la identificación entre las prácticas inquisitoriales y el diseño formal era total.

2. Otros países fueron adoptando progresivamente durante el siglo XX las formas del Código de Instrucción Criminal Francés, ya sea directamente o por la influencia Italiana mayormente. No obstante estos sistemas se hallaban muy distorsionados en sus prácticas y de hecho funcionaban casi como sistemas escritos (Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, El Salvador, con adopciones más antiguas directamente del texto francés República Dominicana y Haití.)

3. Otros países, fueron adoptando o mantuvieron dentro del sistema mixto francés un desarrollo del juicio oral más cuidado, sin perjuicio de la fuerte influencia de la instrucción escrita (Córdoba y otos Estados argentinos, Cuba –con la ley de enjuiciamiento española de finales del siglo XIX), Costa Rica.

4. Finalmente otros países generaron sistemas más complejos, con componentes formales del sistema acusatorio, pero con prácticas inquisitoriales y escritas muy claras. En estos países es notoria la fuerte influencia del Ministerio Público que asume el papel que en otros países asumía el juez de instrucción. Pero en los hechos el funcionamiento se acerca en mucho al de los sistemas escritos, con algunos matices (Panamá, Colombia, México).

Con un ropaje u otro, el siglo XX no sirvió para que América Latina dejara atrás el modelo inquisitorial. Sólo hacía el final del siglo, desde mediados de los años ochenta y con mayor fuerza en la última década, se renovó la preocupación republicana por la administración de justicia. Esta vez, ligada además, a la necesidad imperiosa de construir sistemas democráticos efectivos y no meras fachadas o democracias fraudulentas. Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, República Dominica, Costa Rica, Guatemala, El Salvador lograron finalmente remover las estructuras formales del antiguo sistema procesal y hoy se debaten, con mayor o menor éxito, en el intento de poner en funcionamiento sus nuevos modelos sin caer en las viejas prácticas inquisitoriales que una vez más demuestran su fuerza. Sería un nuevo fracaso volver a construir un ropaje “moderno” para el viejo sistema inquisitorial. Esa es la pelea que en esos países se está dando en estos momentos y se materializa en reformas y contrarreformas, en ajustes y retrocesos, en una situación dinámica cuyo resultado todavía no se puede prever, pero que apela a seguir trabajando fuertemente en cada uno de ellos. Allí, la reforma del sistema inquisitorial está en marcha y el modelo de una justicia republicana pelea, nuevamente en circunstancias sociales y políticas adversas, por no quedar atrapado por las prácticas de los anteriores sistemas.
En otros países ha comenzado con fuerza el debate y la preparación de ese cambio: Brasil, México, Panamá, Colombia –pese a su dramática situación de violencia- o Perú, quien debe retomar el camino que inició en la década de los noventa del siglo pasado y que el autoritarismo del régimen imperante y la manipulación del Poder Judicial dejaron en suspenso. En estos países es imperioso aprender de la experiencia de los otros y asumir como inevitable el costo de la transformación. Nadie cambiará cinco siglos de sistema inquisitorial sin una gran batalla y una época de traumas. Lo contrario es mera ilusión o excusa conservadora. Sin embargo, una adecuada preparación del cambio, una firme concentración de fuerzas en los puntos neurálgicos y el sostenimiento del proyecto de transformación en el tiempo, mediante ajustes y una evaluación permanente, aparecen como herramientas imprescindibles para encarar el abandono del sistema inquisitivo.
Lo que debe quedar claro de esta pequeña y simplificada historia, cuyo objetivo es mostrarnos como el espacio de lo judicial se configura históricamente, es que el siglo XX no ha sido exitoso en remover la justicia del “Ancién Régime” y sólo consiguió cambiar de ropajes a las mismas y viejas prácticas de la inquisición o a lo sumo desencadenar en sus postrimerías el proceso de cambio.
Para América Latina dejar atrás definitivamente el modelo inquisitorial y sus servicios al poder concentrado será una tarea del siglo XXI.

II. ESTRATEGIAS DE CAMBIO EN EL CAMPO DE LA JUSTICIA PENAL.

Cambiar la justicia penal no es cambiar un código por otro. Esto es así, pero con ello estamos diciendo muy poco. Y sobre todo nada estamos diciendo sobre qué significa cambiar la justicia penal. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no es posible hacer evolucionar el sistema inquisitiva hacia formas adversariales. Las instituciones centrales del modelo inquisitorial son contrarias al sistema republicano de administración de justicia. Esto no significa, por supuesto, que la justicia penal como un conjunto de instituciones, discursos, prácticas, etc. no pueda ir cambiando de un modo de funcionamiento hacia el otro, pero esto es posible, sólo se introducen nuevas y distintas prácticas, totalmente contrarias al modo de funcionamiento inquisitorial.
Para comprender mejor este punto nos es útil mirar la justicia penal con una visión holística o de sistemas, como un conjunto de interrelaciones entre personas e instituciones que configuran un específico campo de actuación social. Ese campo –como cualquier otro campo social nos dirá Bourdieu- se define por lo que “está en juego”. En la justicia penal en particular lo que está en juego es el cómo, el para qué y el hacia quien de la violencia del Estado. El sistema penal es expresión de la política criminal del Estado y ella es la política pública que administra los recursos violentos estatales, en especial y primordialmente, la cárcel, cuyo carácter violento nadie puede negar. Tampoco debemos olvidar que la violencia que despliega el Estado y el modo como lo hace forman parte del total del nivel de violencia y de abuso de poder de una determinada sociedad en un momento dado. Podrá cambiar el sentido de la violencia, pero no su carácter y el abuso de poder es más grave aún cuando proviene del Estado.
La justicia penal configura un campo de interrelaciones y por lo tanto de actividad de actores. Actores personales e institucionales. De todos modos, actores institucionalizados aunque a veces fuertes características personales tengan una influencia determinante (el espacio de lo judicial no ha estado exento de los caudillismos que han florecido a lo largo de la historia de nuestra América). Estos actores serán más fuertes y más débiles y asumirán posiciones respecto del juego general que se desarrolla en ese campo y sus reglas. Su debilidad y su fortaleza se puede medir usando el término de capital, asumiendo que se trata en definitiva de un capital cultural o simbólico. Como ya hemos dicho el campo de la justicia penal se configura históricamente, esto significa que los actores, su capital, las reglas que usan en su interacción, el “sentido general del juego” y muchas de las alianzas entre esos actores ya están predeterminadas por la tradición. Por eso forma una estructura, un determinado patrón de funcionamiento que podemos aislar y analizar.
Ahora bien, esa estructura –en nuestro caso el modo inquisitivo de funcionamiento, con independencia de sus ropajes- si bien condiciona de un modo muy fuerte a los actores no los determina de un modo absoluto, porque si fuera así nada podríamos hacer dentro del campo de la justicia penal y solo un factor externo podría generar cambios (por ejemplo, un cambio en las necesidades del poder concentrado o su desaparición o una modificación central en cualquiera de las características del poder administrador, por ejemplo su fragmentación). De hecho se sostiene a veces que mientras no existan cambios en el modo de ejercicio “externo” al campo judicial, poco se logrará dentro de ese campo. No comparto esta perspectiva, aunque se debe asumir que la estructuración histórica del campo de la justicia penal ha sido condicionada fuertemente por las características y modalidades del ejercicio del poder “externo” a ella y que sin ciertos cambios que se han dado en ese poder en los últimos tiempos (democratización) poco podríamos hacer en el sistema de justicia penal. Pero la estructura no se “impone” totalmente a los actores, así como ella no es el resultado de algo distinto a la “práctica” de los mismos actores. Se trata de un patrón de interacción y por lo tanto de acción humana o acción institucional, fuertemente condicionada pero no determinada en absoluto.
Lo que llamamos “tradición inquisitorial” es el conjunto de factores que condicionan fuertemente la actuación de esos actores. Estos factores son tanto prácticas internas como externas que finalmente constituyen la estructura del campo como la subjetividad de los actores, en una relación que no se puede explicar bajo la lógica de lo interno o la externo, lo objetivo y lo subjetivo. No es un problema de un escenario ya estructurado donde los actores actúan con cierta “mentalidad”, sino de una imbricación mucho más compleja de prácticas, unidad inescindible de “objetividades” y “subjetividades”. La tradición inquisitorial impone reglas de juego, asignaciones de capital (y poder) entre los actores, alianzas y estrategias entre ellos y finalmente define lo que estará en juego, es decir, la violencia del estado, tanto en su intensidad (vgr. el estado de la cárcel o la impunidad), en sus destinatarios (la criminalidad común o ciertas clases sociales) y en sus formas (la aplicación directa, es decir, mediante acciones policiales o prisión preventiva). Pero, insisto, esta determinación no es absoluta y existe la posibilidad de introducir “prácticas nuevas” poco funcionales a la estructura inquisitorial y a las necesidades del “poder externo”. Pero de todos modos, quien quiera introducir prácticas nuevas deberá tomar en cuenta la estructura que sostiene la “tradición inquisitorial”.
Veamos lo mismo con un ejemplo. El “expediente judicial” el “sumario” la “causa” -o como se lo llame en los distintos países- es un conjunto de prácticas provenientes de la “tradición inquisitorial” que conforman toda una estructura de funcionamiento. Este “expediente” (que para legitimarlo algunos llaman “juicio” cuando es todo lo contrario a un juicio) es tanto una realidad objetiva como una realidad subjetiva. Más precisamente, es un modo de interacción entre actores que se objetiviza, pero que es producción de la subjetividad de esos actores. Estas dos dimensiones son inescindibles, el expediente esta tanto en el mundo exterior, por así decirlo, como en el espíritu de quien lo fabrican día a día, por rutina, convicción o sin clara conciencia de que lo están haciendo. La fuerza estructurante de la tradición se manifiesta en el carácter sacramental de ese “expediente”, que reclama ser custodiado, cosido, foliado, etc. como si fuera un objeto de culto y las fallas en su mantenimiento (la falta de firmas, su pérdida, errores en la foliatura, etc.) se consideran faltas graves del funcionamiento de la justicia penal.
Si analizamos con mayor detalle el “tipo de interacción entre prácticas” que se objetiviza en el expediente, podremos observar que normalmente el ejercicio directo de la violencia queda apenas registrado o fundamentado, que existen muchas actividades repetitivas de fórmulas, que el mantenimiento de la secuencia o el trámite se impone a cualquier otra consideración, que los involucrados en el drama real son convertidos en “actas” y desaparecen como personas de carne y hueso, que no existen discusiones, sino innumerables peticiones a la “autoridad”, También podremos observar la posición de los actores. Por ejemplo, la policía tiene poca aparición pero está vinculada a las actuaciones relevantes y en particular a las que fundan la prisión, quien “instruye”, sea el juez de instrucción o el fiscal, actúan sin control y poco o nada controlan a la policía, quienes deben juzgar estar condicionados totalmente por quienes han instruido, cuando no son los mismo, etc. Tras la “rutina” del expediente fácilmente se descubre la autonomía de la actividad policial, la falta de control de los fiscales o los jueces sobre ella, que muchas veces se encubre tras la “sobrecarga de tareas” producto de realizar actividades artificiales o de mucha menor importancia, la inexistencia del juzgamiento imparcial y público. La ausencia de estas prácticas marcan alianzas –también fuertemente estructuradas por la configuración histórica y por ello poco conscientes- entre la policía, los fiscales y los jueces.
Cambiar la justicia penal no es cambiar un Código procesal por otro. Entonces ¿qué es?. Se trata de introducir en el campo de la justicia penal, algunas nuevas prácticas reactivas a la tradicional inquisitorial, francamente contrarias a ella, que puedan debilitar la actual estructura de ese campo, debilitando también así los condicionantes que pesan sobre los actores, que afecten las tradicionales alianzas existentes, modifiquen el capital simbólico de alguno de esos actores, generen un nuevo “sentido del juego” aunque no se imponga todavía y provoquen algunas alteraciones efectivas en lo que “esta en juego”. Vemos pues, que cambiar la justicia penal no es –ni podría ser en términos realistas-pasar del estado A (modelo inquisitorial) al estado B (modelo adversarial). Esa será la forma de expresar finalidades u objetivos pero no es así como se desarrollan los cambios en las institucionales sociales.
Si uno analiza bajo esta perspectiva el estado de la reforma de la justicia penal en América Latina podrá ver que en cada uno de los países se ha logrado avanzar con esta estrategia. En algunos, las nuevas prácticas se van afianzando y mueven a otras; en otros países las nuevas prácticas están siendo ahogadas por las viejas de cuño inquisitorial; en otros todavía nada está claro. Este conjunto de problemas, es decir, como intervenir en este “duelo de prácticas” que se produce cuando la reforma de la justicia penal es exitosa, es algo que todavía está bajo estudio y constituye una “segunda etapa de la reforma de la justicia penal en la región”.
Desde esta perspectiva estratégica –no siempre advertida desde perspectiva sociologicistas que en el fondo adhieren a una especie de evolución natural de las interacciones sociales o a visiones moralistas que presuponen que sólo se trata de cambiar la mentalidad de los operadores- se comprende mejor la función de los cambios de legislación y la necesidad de que ellos sean radicales. En la actual configuración de la justicia penal, la legislación cumple un papel relevante, no tanto por su fuerza imperativa –son raros, si es que existe alguno, los sistemas judiciales que se rijan efectivamente por lo que dicen los Códigos procesales y la legislación orgánica- sino, al contrario, por su debilidad. El conjunto de práctica de los sistemas judiciales esta conformada por la tradición y los códigos procesales son débiles (han perdido fuerza normativa), avalan o encubren este funcionamiento. Es decir, son funcionales a la tradición inquisitorial que es la que contiene el verdadero sistema normativo. De allí la importancia de cambios legislativos (procesales, orgánicos, etc) que dejen de ser funcionales a esa estructura. Estos cambios legislativos integrales han demostrado tener la capacidad de instalar algunas de esas prácticas (por ejemplo las audiencias orales, entre otras) que luego serán las palancas y las poleas de la nueva configuración del campo de la justicia. Esa es la función de los cambios legislativos. Por lo tanto, cambiar la justicia penal no es cambiar un código por otro, pero es imposible cambiar la justicia penal sino se modifica integralmente la legislación que es funcional a la tradición inquisitorial.
Esta misma visión estratégica es la que ha llevado a tomar conciencia de que las nuevas legislaciones deben estar acompañadas de múltiples acciones concurrentes. Todavía no se ha logrado establecer una ajustada articulación entre el conjunto de dimensiones que deben conformar una misma estrategia. Por ejemplo, la capacitación no ha estado orientada a fortalecer las prácticas más relevantes y se ha quedado mayoritariamente en un conocimiento meramente intelectual de los nuevos contenidos normativos o de las exigencias constitucionales para el proceso penal (conocimiento claro esta que es necesario, pero que en la estrategia de cambio de poco sirve sino esta acompañado de la adquisición de los conocimiento necesarios para desarrollar la práctica relevante que se ha querido introducir). O todavía no se ha logrado articular los cambios administrativos, en especial aquéllos que deben dar soporte a las prácticas que serán inmediatamente atacadas por la tradición inquisitorial (por ejemplo, el soporte administrativo a la realización de los juicios y las audiencias orales). Todas estas dimensiones deben ser todavía ajustadas y es muy conveniente que aquellos países que deben encarar ahora sus procesos de cambio, estudien la experiencia de los otros para avanzar en el afinamiento de estas estrategias.
En definitiva, no es tan simple cambiar la justicia penal. No se puede realizar sin una elaborada estrategia de cambio, que surja de una visión más compleja del problema del campo de la justicia penal. Esto debe servir tanto para regular las expectativas (que nunca podrán ser de corto plazo si se quiere realizar cambios verdaderamente profundos) como para entender los avance y retrocesos de los procesos de reforma, que no siempre son señal de fracaso. Esta visión ha sido un giro muy importante en la tradicional visión republicana que pretendía imponer los cambios por la fuerza misma de los ideales, por el valor de la razón de ellos o por la honestidad y moralidad de sus líderes. Cambiar el funcionamiento de la justicia penal implica cambiar interacciones de poder y ello, nos guste o no nos guste, tiene su lógica, sus tiempos, sus formas y sus batallas.

III. LOS TEMAS INELUDIBLES. LAS PRÁCTICAS IMPRESCINDIBLES

En base a lo analizado en el punto anterior, podemos seleccionar prácticas ineludibles que se deben introducir en el funcionamiento de la justicia penal si se quiere sustentar con fuerza una estrategia como la señalada y no sucumbir rápidamente a la tradicional inquisitorial. Por supuesto estos no son todos los temas de una reforma de la justicia penal, pero ellos son, en mi opinión, los que se deben introducir en una primera etapa de esa reforma. Estos temas, que nutren prácticas concretas, son los siguientes, sin que el orden implique necesariamente mayor importancia, ya que la importancia de cada uno de ellos respecto a los otros dependerá de la particular estrategia de cambio:

1. El enjuiciamiento oral y público.

Como es ya común sostener en la literatura procesal, ningún sistema procesal lleva todos sus casos al juicio oral y público. Pero este no es el problema. La cuestión es que mientras un sistema procesal no establezca ese método de juzgamiento y asegure, más allá de las distintas alternativas, que un imputado podrá siempre asegurarse que será juzgado de tal manera antes de que se le imponga una condena, no podemos ni siquiera considerar a ese sistema procesal como admisible según las normas elementales de una justicia fundada en las garantías judiciales y el diseño republicano del juicio penal.
Y en este principio no hay ambigüedad posible. Las doctrinas procesales podrán inventar conceptos, etapas y particularidades “nacionales”. La jurisprudencia podrá mirar para otro lado y destacar aspectos insustanciales, la enseñanza universitaria ni siquiera hablar de estos problemas y los abogados adaptarse dócilmente a la falta de litigio. Pero nada de esto. Pero nada de esto trastocará esta verdad simple y elemental: sin juicio oral y público no hay un sistema de justicia penal republicano, de base constitucional y fundado en los Pactos internacionales de Derechos Humanos. Sin establecer el juicio oral y público no se puede comenzar siquiera a hablar de cómo dejar atrás la tradición inquisitorial.
Pero como ya hemos señalado los sistemas inquisitivos se vistieron de muchos ropajes durante el siglo XIX y XX. Así aparecieron “falsas oralidades” firmemente sostenidas por doctrinas confusas o la molicie intelectual de las visiones curialescas. También en esto debemos ser extremadamente claros: el enjuiciamiento oral y público tiene una estructura simple y concreta: jueces imparciales (no jueces que hayan leído el caso con anterioridad en el “expediente”) que atienden el litigio con inmediación y de un modo concentrado (no separado en decenas de audiencias que fraccionan la producción de la prueba o la escriturizan mediante incorporaciones “por lectura” del expediente; acusadores (fiscales o privados) que han preparado el caso y pueden presentar la prueba de cargo en ese juicio, tomando sobre sí el deber de probar (y no el juego de presunciones encubiertas), imputados que han tenido tiempo de preparar su defensa, cuentan con adecuado asesoramiento técnico y respecto de los cuales se presume su inocencia y son tratados como tales hasta que se pruebe lo contrario. Todo esto realizado mediante una dinámica de litigio sencilla (presentación del caso, producción de la prueba, interrogatorios directos, conclusiones, etc.) luego de la cual los jueces deliberan y dictan sentencia de inmediato. Todo esto, por supuesto, realizado públicamente. Nadie puede ser condenado sin un juicio previo y según la experiencia histórica, el sentido común y el saber popular lo que hemos señalado es un juicio y no otra cosa, por más explicaciones alambicadas que pretendamos realizar los abogados.
El juicio oral y público por más que se desarrolle en un porcentaje menor de casos constituye el eje de la estructuración política y técnica del proceso penal (esto es lo que llamamos “centralidad” del juicio) y extiende sus efectos hacia todas las instituciones procesales y judiciales. La necesidad e importancia de estas ideas, sabidas desde hace tiempo (claras en pensadores como Francesco Carrara), han vuelto a aparecer en el centro de la escena en las últimas investigaciones realizadas en el marco del seguimiento de los procesos de reforma, donde es posible observar como los sistemas judiciales que han incorporado recientemente el juicio oral y público tienden a descuidarlo o el es rápidamente atacado por la tradición inquisitorial, con graves consecuencias para todo el proceso de cambio. Por eso debemos tener claro que reformar la justicia penal, antes que nada, es incorporar de un modo claro y sin ambigüedades el juicio oral y público, hacer todo lo posible para que su realización no sea afectada por deficiencias administrativas, monitorear su evolución y sostenerlo políticamente para que extienda sus efectos sobre las demás prácticas y hábitos de los operadores judiciales.

2. Las audiencias preparatorias y la oralización de los recursos

La preparación del juicio requiere acciones preparatorias que generan litigios sobre aspectos incidentales. Por otra parte, la incorporación de salidas alternativas, fórmulas resarcitorias, prácticas de conciliación, etc, también aumenta la cantidad y la calidad de los litigios que se deben resolver previamente a la realización del juicio oral y público o como alternativa a él en la solución del caso. Por otra parte, mientras la etapa preparatoria del juicio se mantenga bajo la forma y la lógica de la “instrucción y del expediente” el mismo juicio oral y público estará en serios peligros, como lo ha demostrado la experiencia de los llamados “sistemas mixtos”.Por tal razón, la utilización de audiencias orales y públicas para resolver todos los litigios previos al juicio mismo es una de mas mejores formas de introducir una práctica masiva totalmente contraria a la tradición inquisitorial, con gran beneficio para la celeridad y eficiencia del proceso penal mismo. Esta forma de organizar el litigio, por otra parte, hace nacer verdaderamente la función jurisdiccional durante la etapa preparatoria, alejándola del paradigma del juez instructor y llevándola hacia sus verdaderas tareas de control y resolución, sin comprometerse en la investigación del caso.
Hoy por hoy, la adopción sin ambigüedades del juicio oral y público y la utilización masiva de la oralidad y publicidad en la audiencias preliminares (iniciales, incidentales, conciliatorias, de control general, de control de la acusación, etc.) así como también la oralización y la incorporación del litigio en el trámite del recurso (y no el sacramental “informe in voce”) aparecen como las nuevas prácticas con mayor capacidad de abrir brechas en la cerrada tradición inquisitorial.

3. las formulas de reparación y conciliación.

El poder penal del Estado, esto es, el uso por parte del Estado de instrumentos en la gestión de la conflictividad, es una herramienta de excepción. Ello constituye el programa de mínima intervención que recoge la idea misma del Estado de Derecho y el propio sentido común ya que no se puede construir una sociedad no violenta, abusando de la misma violencia, por más (o con mayor razón) que ella provenga de las instituciones estatales.
La introducción de la lógica reparadora dentro del conjunto de respuestas disponibles en la justicia penal y, más aún, la creación en ella de ámbitos de conciliación genera nuevas prácticas de gran utilidad para combatir la tradición inquisitorial. En primer lugar, desplaza al trámite por la construcción de un resultado. Nuestras instituciones judiciales no le prestan atención al resultado de su accionar porque les alcanza con cumplir con las rutinas y las fórmulas. Esta liturgia interna, propia de los sistemas inquisitivos, es una de las mayores razones del desaliento social. Por ello, el que aparezca una actividad orientada a solucionar el conflicto adquiere tanta importancia. Por otra parte, la reparación y más aún la conciliación hace aparecer a los sujetos naturales del conflicto y por ese, frente a la despersonalización de los trámites, las actas y los formulares introduce a las personas de carne y hueso y sus problemas tangibles y variados. La conciliación introduce un saludable principio de humanidad en la justicia penal. En tercer lugar, la reparación y también la conciliación requieren manifestaciones especiales del litigio y frente a sistemas “sin litigio”, varias las formas, las intensidades y las calidades de los litigios que debe resolver el juez, ayuda a consolidad la idea central de que ese poder jurisdiccional es siempre respuesta a un litigio. Finalmente, frente a sistemas judiciales sobrecargadas endémicamente y en los cuales la cantidad de casos sin respuesta es abrumadora, la introducción de estas respuestas, una de las respuestas de mayor calidad del sistema, produce grandes efectos en términos de servicios a las personas, confianza y legitimidad del poder judicial, además de colaborar con el control de la sobrecarga de trabajo, lo que libera energía para otras tareas que no pueden ser afrontadas de este modo. Prácticamente podemos decir que un programa de reforma de la justicia penal que no incorpore un amplio programa de reparación y conciliación está renunciando a una de las grandes herramientas del cambio. Las clasificaciones y el conceptualismo (tipos de acciones, tipos de actores, relaciones de la acción civil y la penal, etc.) provenientes en general de la tradición inquisitorial propia de los sistemas “mixtos” dificultan hoy la construcción de un conjunto de respuestas diversificadas y más ajustadas a las necesidades de la gente.

4. las querellas particulares y sociales.

En el marco del derecho penal de tipo infraccional, donde prima la relación obediencia-desobediencia, que se expresa, entre otras manifestaciones, en el monopolio de la acción por parte del Ministerio Público (acción pública) se desplaza, como hemos visto, a uno de los sujetos naturales del proceso (la víctima) y se presupone que toda gestión de lo público debe ser una gestión estatal (principio, en definitiva, de raíz totalitaria). Por eso, frente a sistemas judiciales que se han configurada desde la acción público y supuestos intereses generales de tipo abstracto, una fuerte incorporación de la víctima y la adopción de la idea de gestión social de bienes públicos, abre nuevas perspectivas, totalmente contradictorias con la tradición inquisitorial, como ya había señalado Carrara con maestría.
Por otra parte, estas incorporaciones aprovechan nuevos y más amplios recursos dispuestas a sumar sus esfuerzos en revertir el fenómeno de la impunidad estructural. Como se ha demostrado ya en innumerables ocasiones han sido personas, grupos de personas u organizaciones no estatales, quienes han empujado con mayor éxito al Estado a ser más eficiente en la persecución penal, en especial de graves delitos que comprometen a los mismos funcionarios públicos (violaciones a los derechos humanos, corrupción, abuso de poder, etc.) como en los casos de criminalidad no convencional protegida por redes de impunidad o cometida por sectores poderosos de la sociedad. Se trata, también, de otra forma de introducir la idea de una “actuación orientada al resultado”, contraria a la preeminencia del trámite y el “movimiento insustancial de las causas” propios de la tradición inquisitorial.

5. el control del tiempo.

Otra de las prácticas que necesita ser combatida de un modo muy concreto es aquélla según la cual la administración de justicia penal no cumple con los plazos impuestos por la ley y carece de todo tipo de control del tiempo. Si bien la literatura procesal va a repetir de un modo superficial que en el proceso penal los plazos son perentorios, lo cierto es que en la actuación cotidiana de los tribunales, el incumplimiento de todos los plazos no produce consecuencias o por lo menos no produce consecuencias graves. Incluso los plazos previstos para resguardar la libertad (plazos de detención o de prisión preventiva) suelen ser incumplidos sin mayor crisis. Frente a esta vieja práctica de cuño inquisitorial es necesario incorporar nuevos y claros mecanismos de control del tiempo, ya sea restaurando la idea de perentoriedad, introduciendo formas de caducidad, incluso aplicable a los funcionarios públicos y extrayendo consecuencias del silencio del poder judicial, como ya hoy se hace respecto de la falta de respuesta en otras áreas contenciosas, en especial en el campo administrativo.

Una fuerte introducción de la variable temporal en el desarrollo del proceso produce un efecto importante en la disciplina del litigio, evitando el litigio indirecto, el litigio sobre las formas, el abuso de los planteos de nulidad y empujando al sistema a la discusión de fondo. Recordemos que dadas las bases expiacionistas de los sistemas inquisitoriales históricos, esas funciones de expiación se expresan mejor en el trámite que en la decisión de fondo. Para la inquisición que buscaba el arrepentimiento, la sentencia siempre fue un fracaso. Esta vieja concepción hoy sobrevive oculta en nuevas y complejas prácticas de postergación permanente de las decisiones de fondo y en la idea general de que el verdadero ejercicio de poder está en el trámite y no en la sentencia. Para que ello ocurra se requiere un tiempo elástico, al servicio de esas finalidades. Al volver estricto y más rígido el control temporal, se afectan prácticas centrales de la tradición inquisitorial.

6. las salidas alternativas de baja punición.

Por otra parte, si se pretende revertir la tendencia del sistema a no prestar atención a sus condiciones de eficacia (oculta por su obsesiva preocupación por el trámite) y, al mismo tiempo, se quiere aumentar la cantidad y la calidad de las respuestas de la justicia penal a las peticiones de las víctimas, es indispensable introducir una baterías de salidas que impliquen una baja intensidad del castigo, pero una fuerte señal de falta de impunidad.

Los distintos mecanismos que se pueden utilizar para este fin, que van desde los mecanismos de suspensión del proceso a prueba y la imposición de ciertas reglas de conducta, hasta la realización de juicios muy simplificados o la renuncia al juicio mediante un acuerdo sobre el hecho, la responsabilidad y la pena, aumentan la capacidad del sistema de justicia para brindar esas respuestas y se enfrentan a la tradición inquisitorial que utiliza instrumentos toscos e intensos de castigo y tiene poca flexibilidad para enfrentarse a la variedad de caso que impone la vida. Carece de importancia discutir si estas salidas deben existir en la legislación penal o procesal. Normalmente se construye una verdadera política de diversificación de salidas utilizando las posibilidades de ambas legislaciones. Lo importante es que frente al modelo de un sistema procesal con uno (la cárcel) o pocos instrumentos es necesario construir otro que ponga en manos del juez la mayor variedad posible de instrumentos de intervención en el conflicto, todos ellos de menor intensidad violenta que la pena.

7. las medidas administrativas necesarias para la organización del juicio.

La importancia del juicio oral y de las audiencias preliminares como la principal contrapráctica frente a la tradición inquisitorial no puede quedar debilitada por la falta de una organización que resuelva los problemas de concentración de recursos humanos y materiales en una fecha y espacio determinado con precisión. Hemos podido comprobar que una de las dimensiones que más debilita al juicio oral, con grave perjuicio para la totalidad de los cambios proyectados consiste en las continuas suspensiones que se provocan por errores o molicies en la preparación del juicio. Ello incluso cuando las normas procesales establecen un tiempo suficiente para la adecuada organización del debate.

Testigos cuya citación no ha sido monitoreada con cuidado, objetos que no son asegurados en custodia y preservación para evitar su contaminación, imputados, que aún estando detenidos, no son llevados a la comparecencia en el juicio oral, fiscales, defensores o jueces que llegan tarde a las audiencias, provocando congestión en el trabajo de los demás, etc., son sólo algunas de las prácticas que hay que revertir para evitar la debilidad del juicio oral. Se debe tener claro que estos defectos de organización o administrativos, que parecen menores o no se les asigna el carácter de “problemas procesales” son, precisamente, uno de los principales ataques que se realizan desde la tradición inquisitorial al juicio oral y mucho más aún a las audiencias preliminares, que son las que impiden que se restaure la lógica inquisitorial en la vieja etapa de instrucción.

La creación de un adecuado sistema de administración, específicamente orientado a la realización del juicio oral es un tema ineludible para sostener esta principal estructura dentro de los sistemas procesales. Mucho más aún en los primeros años del cambio, donde no se puede esperar que se supla con “sentido común” muchos de los problemas que genera una inadecuada administración de los recursos para el juicio oral. Al contrario las lagunas y problemas que genera esta dimensión administrativa son llenadas por las viejas prácticas inquisitoriales o utilizadas para demostrar, siempre con una premura inusitada, que el juicio oral “no funciona”.

8. la flexibilización de la organización judicial

La estructura vertical y jerarquizada de organización judicial, tal como hemos visto, es una de las características principales del sistema inquisitorial. Tan es así, que es uno de sus atributos definitorios, tanto como el carácter escrito y secreto o la falta de defensa y la búsqueda de la confesión. La idea central de este modelo verticalizado, que confunde las distintas funciones jurisdiccionales (control de la investigación, juzgamiento, control de la sentencia, etc) con un esquema de jerarquías, es una de los resabios más fuertes y sólidos del modelo inquisitorial y uno de los mayores reservorios de cultura inquisitiva. Por otra parte, la vieja función de este diseño (recordemos que se trata de un diseño de una “casualidad histórica”) al servicio de la debilidad de la judicatura, de la concentración del poder en las cúpulas judiciales (luego vinculadas a las cúpulas políticas), de las afectaciones “internas” a la independencia judicial, del carácter “provisional” de la sentencias y el aumento de la arbitrariedad judicial y el decisionismo sigue tan vigente como antes. Poco se ha podido avanzar en América Latina en este campo y sin duda ello es muestra de que se trata de uno de los puntos fuertes de la tradición inquisitorial.
Cuando hablamos de flexibilización de la organización judicial nos estamos refiriendo a la ruptura de la idea de jerarquía (en el Poder judicial no existen jueces inferiores y superiores) a la separación tajante entre la estructura de gobierno y las competencias judiciales (lo no significa necesariamente adoptar un determinado modelo del “Consejo de la Magistratura o Judicatura” sino más bien adoptar nuevas formas de democratización del Poder Judicial, la polifuncionalidad de los jueces (que no tienen que estar atados permanentemente al mismo tipo de actividad jurisdiccional), la existencia de múltiples formas de integración de los tribunales, etc. Abandonar el modelo rígido y la estructura verticalizada y desencadenar procesos internos de democratización de la organización judicial introduce nuevas prácticas políticas genuinas al interior y al exterior del poder judicial. Un sistema de administración de justicia que no desarrolla sus genuinas prácticas políticas seguramente quedará atado a las prácticas políticas espúreas y tradicionales (clientelismo, “cuoteos”, “sumisión”, control interno arbitrario, “familias judiciales” etc.).

9. la defensa pública.

Tampoco se puede combatir la tradición inquisitorial sino se ataca otra de sus características centrales que es la falta de defensa del imputado y la búsqueda de la confesión. Si, además, dada las condiciones actuales de selectividad del sistema penal (selectividad a la que contribuye en gran medida el propio modelo de la justicia penal) la gran mayoría de los imputados son pobres y carecen de la posibilidad real de nombrar un defensor privado, la creación de nuevos sistemas de defensas públicas, renovados en su organización, con capacidad de integrar los otros recursos sociales (sistemas mixtos), no burocratizados, pensados desde la idea de lealtad y servicio al cliente y no sobre la de lealtad al sistema y a la carrera judicial, aparece como una herramienta esencial a la hora de introducir nuevas prácticas.

Por otra parte, la estructura adversarial significa la primacía del litigio por sobre el trámite y el litigio presupone la “igualdad de armas” entre los contendientes. Esta igualdad de armas no sólo tiene un valor en sí misma sino que ella es condición para que la imparcialidad deje de ser una mera fórmula, muchas veces confundida con virtudes morales abstracta y no con una posición concreta frente al caso también concreto.

Organizar la defensa pública sobre nuevos criterios pensados desde sus funciones específicas y no como un reflejo de la organización judicial aparece como una de las medidas necesarias para reforzar la idea de litigio, que está en la base de los juicios y las audiencias orales.

10. una nueva organización de fiscales.

Al similar ocurre con la organización del Ministerio Público Fiscal. No sólo es necesario revisar el papel del fiscal para que deje de ocupar el viejo lugar del Procurador del rey y se convierta en un verdadero abogado de las víctimas. Pero esta nueva función, que nutre toda una familia de nuevas prácticas reclama un tipo de organización totalmente distinta a la tradición donde también el conjunto de fiscales fue organizado siguiendo el modelo de organización de los tribunales. La falta de coordinación en los esfuerzos, la burocratización, la falta de responsabilidad frente a los resultados, la ausencia de criterios políticos criminales, etc. sirven, en definitiva a la preeminencia del trámite.

De la mano de las nuevas funciones del Ministerio Público así como de sus nuevos modelos organizativos es necesario diseñar nuevas formas de documentación de la actividad de investigación, para evitar caer en la reproducción del expediente, reflejo material del sistema inquisitorial y emanación de su espíritu y cultura. Introducir la idea de un fiscal que debe ayudar a las víctimas y fortalecer el principio de tutela judicial efectiva, es una buena manera de romper la idea monolítica de los sistemas inquisitoriales donde finalmente todos son “auxiliares de la justicia” y el propio sistema procesal expulsa a los protagonistas reales del conflicto y a quien han sufrido el principal daño. De la mano de estas concepciones va la idea de que los fiscales sirven a un “abstracto interés general” que supuestamente desplaza a los intereses particulares en juego. Sin embargo, se puede demostrar que cuando más amplios son los sectores victimizados (normalmente en los casos de criminalidad no convencional) menor es la eficacia del Ministerio Público y en los casos donde la víctima tiene un interés o un daño concreto, rara vez los fiscales actúan pensando en ella o tratándola con el cuidado debido.

11. los jurados y la participación ciudadana.

Si bien las opiniones sobre el instituto del jurado son variadas, incluso dentro del campo de los sectores proclives al cambio, se debe considerar que el modelo de justicia exclusivamente profesional ha estado ligado, de un modo indisoluble, al modelo inquisitorial. Por ello no ha sido causalidad que el derecho penal liberal y muchos de los autores de la Ilustración vieran en la incorporación de los jurados el más duro golpe a la tradición inquisitorial. El modo como en América Latina se han rechazado las experiencias de jurados que se han dado en la historia, sin darles tiempo a consolidarse, escarbando las críticas a sus errores –como si los errores de la justicia profesional no abrumaran a la población – o generando una desconfianza general frente al pueblo que integraría esos tribunales, es para mí un signo claro de la fuerte contradicción que existe entre la tradición que se debe combatir y la incorporación de los jurados. El sistema inquisitorial sabe que no tiene cabida en una organización judicial con participación ciudadana y sin embargo siempre va a contar con una lealtad apreciable (mayor o menos según las épocas, pero siempre importante, de los jueces profesionales permanentes). Por ello, frente a las razones de oportunidad que siempre se han esgrimido, frente a los rechazos que genera incluso en quienes adhieren sin reservas a la crítica radical al sistema inquisitivo, creo que hay que volver a sostener, al estilo del viejo pensamiento republicano, que los jurados son todo lo contrario del sistema inquisitorial. Con ellos no es fácil establecer las “falsas oralidades” que han existido a lo largo del siglo XX, menos aún se puede sostener un sistema sin juicio, porque los jurados son incompatibles con el sistema escrito y llevan necesariamente a la adopción de una oralidad donde las partes se vean obligadas a preparar adecuadamente sus casos.
Lo mismo sucede con otras formas de participación ciudadana, ya sea en las querellas colectivas, en el diseño de la conciliación, en la ejecución de las reglas de conducta propias de la suspensión a prueba, etc. En definitiva, la incorporación de los jurados (bajo cualquiera de sus formas) es uno de los temas insoslayables a la hora de generar las condiciones de combate a la tradición inquisitorial.

IV. ADMINISTRACION DE JUSTICIA, PRACTICA DE LA ABOGACIA, ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.

Pero la visión histórica o la visión sincrónica de campo, quedaría incompleta si le damos al sistema judicial una autonomía impropia frente a otros campos profesionales, igualmente vinculados a los oficios del jurista. Al contrario, la perspectiva correcta nos debe mostrar que el funcionamiento de las instituciones judiciales, la práctica de la abogacía y la configuración del mercado de servicios legales y las escuelas de leyes, son tres dimensiones de un mismo problema. Estas tres dimensiones se alimentan mutuamente y tornan más difícil aún todo intento de cambio.

La práctica de la abogacía, por ejemplo, es más que un reflejo de los sistemas judiciales: son parte inescindible de muchos de sus vicios. Se podrá señalar que no le corresponde al abogado particular sacrificar los intereses de su cliente en aras de la reforma de sistema y ello es correcto. Pero de allí no se puede inferir que en consecuencia no se deben tomar medidas correctivas de ese modo de ejercicio profesional y menos aún tratar de modificar la dinámica del mercado de servicios legales. Este tema ha sido poco considerado. Quizás porque los sectores profesionales del derecho se dividen en tres grandes grupos: uno, aquellos vinculados a grandes estudios y a grades clientes, para quienes el peor negocio es litigar y de hecho utilizan muy poco el sistema judicial; otro, la gran mayoría de profesionales que se hallan integrados al funcionamiento actual de la justicia penal, ganan su dinero conforme a ello y han adaptado sus prácticas profesionales y la organización de sus oficinas a como son ahora, en el realidad, los sistemas de administración de justicia; en tercer lugar, se encuentran quienes tienen grandes dificultades para ingresas al mercado legal y trata de hallar medios lo suficientemente rápidos para adaptarse al funcionamiento real de los sistemas y no para litigar en ellos de un modo diferente. De un modo u otro, esas tres dimensiones generar una actitud de desapego o resistencia a los cambios en el sistema judicial
En cuanto a la enseñanza universitaria, debemos sumarle a la causas generales de las crisis universitarias en América Latina (masividad, falta de planteles profesionales “full time”; poco debate de ideas, falta de financiamiento propio, etc), aquéllas que son propias de las escuelas de derecho, tanto públicas como privadas (con las excepciones que siempre existirán, sin duda). La tosquedad en la enseñanza del Derecho es el reflejo del tipo de necesidades que generan los sistemas judiciales. A su ves, este tipo de enseñanza, que requiere muy poco inversión por parte de las universidades, que muchas veces ni siquiera pagan a sus planteles docentes, son utilizadas por muchas universidades privadas para expandirse o financiar otras carreras “menos rentables”. Sumado a todo ello, el enciclopedismo, la falta de crítica, la inestabilidad, etc. no es difícil suponer que las escuelas de leyes cumplen un papel de permanente reproducción de la tradición inquisitorial. Tampoco se ha avanzado mucho en América latina en este campo. Ya sea por que no hay planteles de profesores dispuestos a realizar un cambio de gran magnitud o sea porque no se tienen conciencia del problema y sus efectos sociales, lo cierto es que las escuelas de leyes no son un agente de cambio sino todo lo contrario. Como movilizar a la Universidad a que cambie su posición respecto del sistema judicial ha sido un problema difícil de responder y con muchas aristas. Es una tarea pendiente.
Como también está pendiente la elaboración de una estrategia de cambio omnicomprensiva, que trabaje en estas tres dimensiones al mismo tiempo. Ello no quiere decir que no se pueda trabajar sobre cambios muy pequeños y concretos, pero siempre que quede claro que el objetivo final es integrar estas tres dimensiones en una sola idea de cambio judicial relevante. Tal integralidad del proceso de reforma todavía no se ha encarado con fuerza en nuestra región.

V. REFORMAS Y CONTRAREFORMAS.

Por otra parte, la misma perspectiva de este trabajo nos tiene que llevar a incorporar desde el inicio la idea de reformas y contrarreformas, un movimiento de ajuste del sistema y de avances y retrocesos que es ineludible. En primer lugar porque es impensable dejar atrás siglos de una manera determinada de administrar justicia y lograr que en unos pocos años de un modo radical y mágico los operadores judiciales cambien sus forma de trabajo y las funciones sociales y políticas que cumplía su anterior ineficacia sean ahora abandonadas o sus efectos contrarios absorbidos por los otros sectores sociales. Aunque suene extraño, no es creíble un proceso de reforma de la justicia penal que no provoque una contrarreforma en un plazo relativamente corto. Si ello no ocurre es porque, en realidad, no se ha logrado introducir ninguna práctica relevante contraria a la tradicional inquisitorial. Es decir su aparente y superficial éxito, sería la muestra más palpable de su radical fracaso. Por el contrario, la profundidad y características de las contrarreformas son una clara muestra de cuales son las prácticas que es necesario sostener. Dejando de lado lo que constituyen simples errores técnicos, el estudio de las contrarreformas es ineludible para detectar las prácticas con mayor potencialidad de cambio. Estos estudios todavía no se han desarrollado desde esta perspectiva en nuestra región.
Pero con lo expuesto anteriormente no estamos propiciando una resignación ante lo ineludible y menos aún tratando de elaborar argucias que conviertan el agua en vino. Se trata de destacar que toda reforma real afecta una dinámica de poder y es impensable que esa dinámica quede transformado de una vez por todas en un tiempo muy corto. De allí la necesidad de ampliar las etapas de la reforma y así como hemos aprendido a incorporar la etapa de implementación como una fase imprescindible del proceso de reforma, también debemos incorporar esta etapa de contrarreformas como una fase más del proceso mismo. Esto nos permitirá diseñar instrumentos de conocimiento y de intervención en este necesario ajuste del sistema reformado. Si el conjunto de prácticas contrarias a la tradición inquisitorial que quedan incorporadas al sistema de justicia penal luego de la contrarreforma son suficientes como para que el propio sistema (es decir, mediante la interacción ordinaria de sus actores) evolucione hacia un modelo contrario al sistema inquisitorial, entonces el proceso de reforma habrá finalizado y habrá sido exitoso. No creo que se le pueda pedir más al proyecto de transformar estructuras judiciales alimentadas cultural y políticamente durante más de cinco siglos.

VI. REFORMA JUDICIAL Y POLITICA JUDICIAL.

Lo dicho no significa que allí acabe la tarea. Pero en algún punto finalizar eso que llamamos “reforma judicial” o “reforma de la justicia penal”. Ellas indican un modo de intervención específico, orientado a los resultados señalados (que son bien distintos del “buen funcionamiento del sistema adversarial” que es un objetivo ya de más largo plazo que excede los tiempos de la reforma en sí misma) con instrumentos también muy específicos y de una intensidad propia.
Dejar instalada capacidad de evolución dentro de los nuevos sistemas de justicia penal es sin duda una de las “prácticas relevantes” a tener en cuenta a la hora de evaluar el éxito de los propósitos del plan de reforma. Esta capacidad de evolución no sólo se mide por las características de las instituciones incorporadas (por ejemplo el proceso escrito no puede evolucionar hacia un juicio oral, pero un juicio oral deficiente por falta de contradicción o por formalización, sí puede evolucionar hacia una práctica correcta de enjuiciamiento; un fiscal que investiga mal puede evolucionar, pero si no tiene siquiera formalmente las facultades de investigar y dirigir las investigaciones, ¿cómo se convertirá en fiscal?.; un juez de instrucción no puede ser jamás un juez imparcial, por más que se trate de la persona más preparada y honesta, etc.) sino también por la información que produce el sistema y por el nivel de crítica y debate que ha quedado instalado en los operadores y en otros actores externos. Allí comienza el momento de la política judicial como actividad permanente de perfeccionamiento de los sistemas judiciales que están fundados sobre cimientos republicanos claros y precisos, aunque esos cimientos todavía deban sufrir los fuertes embates de la tradición inquisitorial Esta política judicial, como toda política pública tendrá épocas y orientaciones, avances y retrocesos o períodos de estancamiento y seguirá la suerte que tenga la democracia en ese país, así como la democracia y la república ya no serán la mismas, según una u otra orientación de la política judicial

VII. CONCLUSION.

Tanto la visión diacrónica como sincrónica nos deben llevar a comprender que no podemos analizar la reforma de la justicia penal como el paso de un estado x a otro y o z. Al contrario se trata de orientar procesos. La tradición inquisitorial es como un río que indefectiblemente viene y en el cual debemos sumergirnos. Podemos realizar muchas acciones con ese río y tener la pretensión de acabar con él: lo que no podemos hacer es desconocer que el río viene y tiene fuerza. En gran medida muchos de los fracasos legislativos o institucionales, así como muchas de las frustraciones de quienes han hecho grandes esfuerzos por construir una institucionalidad republicana proviene de la falta de esta perspectiva.
Tampoco ello significa conformismo o resignación: al contrario quien quiera modificar profundamente la realidad (los procesos sociales e institucionales reales) debe aprender a comprenderlos y a respetarlos en su densidad histórica, lo que no significa aceptar esa realidad ni sostener “cambios progresivos”, que muchas veces son sólo el disfraz pusilánime de muchos conservadurismos. La “progresividad” del cambio será una imposición de la realidad que surgirá del entrecruzamiento de fuerzas, de la tenacidad por el cambio radical, de la lucidez estratégica y de otros innumerables factores que no siempre se pueden dominar. Entiéndase bien: en el sentido señalado en este texto, la reforma de la justicia penal no puede ser “progresiva”, porque su finalidad es poner a los sistemas de justicia penales en capacidad de evolución y perfeccionamiento. Pero la creación de un sistema de justicia penal verdaderamente republicano siempre será progresivo porque él solo puede existir plenamente si desplaza a la tradición inquisitorial. Por eso, función de una política judicial republicana y democrática en América Latina es acabar con la tradición inquisitorial.
Mientras tanto, a la reforma de la justicia penal en América Latina y al movimiento de ideas y acciones que la sustenta y que hoy convoca a muchos y variados esfuerzos le compete dar la primera pelea: la toma de conciencia de que sin un enjuiciamiento oral y público no hay sistema de justicia penal que merezca ese nombre, no hay jueces que estén actuando como tales y está afectada en su raíz tanto la tutela judicial de los ofendidos como la elemental protección del ciudadano que constituye el sistema de garantías. Fortalecer ambas es la aspiración más elemental del Estado de Derecho, de cara a la experiencia histórica del abuso de poder, la sociedad violenta, la impunidad estructural o la crueldad cotidiana del encierro en nuestras cárceles.

* Vicepresidente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales) –Argentina-. Críticas o preguntas enviarlas a ambinder@fibertel.com.ar

Repercusiones de la Reforma

2010-07-01T16:14:00.000-07:00

El 29 de junio pasado, el diario jurídico La Ley publicó en su sección Primera Hora, un artículo en el que se informa a los suscriptores la existencia del Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal.

En el mismo, se realiza una somera exposición de algunos de los inconvenientes que registra el proceso actual y califica de impostergable la discusión sobre el tema que le debe el Congreso de la Nación con el país.

Luego de enunciar las provincias que han avanzado sobre la cuestión, respetando pautas constitucionales, enuncia los ejes sobre los que gira la reforma, los que tienden a dar una respuesta a la sociedad de cara a un sistema de justicia más democrático y conciliador.

Para acceder a la nota completa, ingresá por las voces:

Voces: REFORMA PROCESAL ~ DERECHO PROCESAL PENAL ~ FUERO FEDERAL ~ CODIGO DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL ~ JUSTICIA DE INSTRUCCION ~ JUEZ ~ INVESTIGACION DEL DELITO ~ ADMINISTRACION DE JUSTICIA ~ MINISTERIO PUBLICO FISCAL ~ PRISION PREVENTIVA ~ PENA ~ CONSTITUCION NACIONAL ~ QUERELLA ~ QUERELLANTE ~ JUICIO ORAL ~ CUMPLIMIENTO DE LA PENA ~ ORGANIZACION DE LA JUSTICIA NACIONAL ~ PROCEDIMIENTO PENAL
Autor: Albrieu. Oscar
Publicado en: La Ley Online

Se puede acceder con suscripción desde: http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/homepage

Proyecto de Código Procesal Penal

2010-06-30T16:13:00.000-07:00

Proyecto de Ley

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina...

CODIGO PROCESAL PENAL

Se puede acceder al texto completo del proyecto de ley ingresando a la siguiente página:

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=4050-D-2010

Repercusiones por la reforma

2010-06-28T16:41:00.000-07:00

El Diario Judicial publicó el 17 de junio una nota que resume muy claramente cuál es el trámite que está siguiendo el nuevo Proyecto de Código Procesal Penal.
Para más información, la página es:
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=40282

Fundamentos del proyecto de ley

2010-06-27T08:38:00.000-07:00

FUNDAMENTOS

I. Introducción:

La discusión sobre la necesidad de modernizar el procedimiento penal federal argentino se encuentra saturada en varios niveles. El atraso de este modelo de enjuiciamiento se ha hecho cada vez más evidente, sobre todo frente a las sucesivas reformas que se han llevado a cabo en muchas provincias de nuestro país y en el resto de la región.
En el plano académico, el debate ha sido saldado hace tiempo, dejando tras de sí una gran cantidad de trabajos exclusivamente dedicados a demostrar el fracaso del sistema procesal actual. En la enseñanza universitaria, el Código Procesal Penal de la Nación se presenta en los cursos como un instrumento cargado de institutos difíciles de conciliar con el texto constitucional.
Tampoco el sistema de justicia ha logrado quedar ajeno a esta realidad. A lo largo de los últimos años, números criterios jurisprudenciales, principalmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han modificado y adecuado el sentido original de muchos de las normas del Código Procesal Penal de la Nación.
Inclusive la propia actividad legislativa operó sobre el régimen procesal, introduciendo numerosas modificaciones que pretendieron emparchar la dinámica del proceso, agilizando trámites y descargando la sobrecarga de papeles con el traslado de algunas competencias al Ministerio Público Fiscal. Las discusiones parlamentarias que las precedieron han definido con claridad las incongruencias estructurales del proceso.
Con todo, lo cierto es que ni las reformas parciales ni la jurisprudencia reciente lograron revertir las dos deficiencias más tangibles y acuciantes que presenta el Código Procesal Penal de la Nación: la indudable ineficacia para poder brindar un servicio de justicia razonable y la falta de adecuación a los parámetros que fijan la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella.
El Proyecto que aquí se presenta, pretende ingresar en esta problemática e instalar una nueva alternativa para la reforma integral del proceso penal federal. Es que frente a la necesidad de una transformación tan sustancial y trascendente para el desarrollo de la vida democrática, resulta imprescindible poner en marcha toda la ingeniería que requiere un desafío cultural de estas características.
Bajo esta premisa, se han utilizado para desarrollar esta propuesta los dos proyectos que trabajaron en la reforma del Código Procesal Penal de la Nación vigente.
El primero es el Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal, elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Este proyecto, con estado parlamentario (registro 2589-D-04) fue presentado en el año 2004 por las diputadas María del Carmen Falbo, Marcela Rodríguez y Margarita Stolbizer. El segundo, es el Anteproyecto diseñado por la Comisión Asesora para la Reforma de la Legislación Procesal Penal, que trabajó, en el año 2007, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Decreto P.E.N. N° 115).
El Proyecto que se expone ahora a la discusión parlamentaria, es el producto de un nuevo trabajo desarrollado dentro del Programa de Reforma del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). La propuesta ha sido elaborada sobre la base de ambos antecedentes, con la premisa de enriquecer el proyecto presentado al Poder Legislativo en el año 2004 con el trabajo de la Comisión Asesora para la Reforma de la Legislación Procesal Penal, creada por el Poder Ejecutivo Nacional. De este modo, si bien constituye un proceso de reelaboración exhaustivo y define un texto con una dinámica propia, buena parte del articulado respeta la redacción de alguno de esos dos proyectos y, en muchos otros, las fusiona. Esta aclaración no sólo funciona como referencia metodológica, sino que pretende honrar principalmente el trabajo de todos aquellos que han puesto su tiempo y esfuerzo en dichas empresas.
Por lo demás, resta señalar que no se ha trabajado aquí con un proyecto de reforma sobre las leyes de organización del Ministerio Público y del Poder Judicial de la Nación, ni se ha reglamentado tampoco el funcionamiento del juicio por jurados. Ello se debe a que se ha preferido ceñir esas discusiones a un momento ulterior a las definiciones centrales de la reforma.

II. La necesidad de la reforma

El actual Código Procesal Penal de la Nación, de claro corte inquisitivo, ha mantenido la investigación en cabeza de los jueces de instrucción, haciéndoles asumir la distorsiva doble función de investigar y decidir respecto de los resultados de esa tarea. Dentro de ningún esquema modero es racional habilitar un procedimiento tan contrario a la garantía de imparcialidad.

Por esta razón, la principal intervención del Ministerio Público queda hoy relegada a un rol meramente formal, con excepción de los casos en que los jueces de instrucción deciden delegar la investigación en los fiscales (artículo 196). Cierto es que con posterioridad se han introducido algunas modificaciones tendientes a generar un mayor nivel de intervención del Ministerio Público Fiscal, tal como ocurre con los procedimientos en flagrancia (353 bis) y en los casos de autores ignorados o vinculados con secuestros extorsivos (196 bis). Sin embargo, estos institutos no han servido más que para formalizar un pasaje de manos entre jueces y fiscales, sin revertir sustancialmente la lógica el proceso.

La etapa de instrucción sigue sosteniendo viejos preceptos formales que mantienen un expediente escrito y altamente burocratizado. A la par, el sistema recursivo produce demoras y congestiona el desarrollo de la investigación, favoreciendo un litigio basado en el tratamiento de nulidades fundadas en cuestiones formales.

El juicio oral, gran motor de la reforma de 1992, se encuentra condicionado por lo ocurrido durante la instrucción y funciona, principalmente, como una reiteración de todo lo allí producido. De este modo, la idea de juicio oral, público, contradictorio y continuo queda por completo desnaturalizada. Un problema adicional del diseño de la etapa de juicio se vincula con las excesivas facultades requirentes otorgadas a los jueces del tribunal oral, quienes a la luz de la regulación vigente, pueden preguntar y decidir sobre las pruebas que se producen, supliendo la actividad de las partes (artículos 356, 388, 389 y 357). Llegado el caso, los jueces pueden ampliar investigaciones, dejando nuevamente de lado cualquier posibilidad de hacer efectiva la garantía de imparcialidad.

En cuanto a los derechos de los imputados, el diseño actual utiliza la declaración como un momento central de la investigación antes que como un acto de defensa, y mantiene la prisión preventiva como regla y no como excepción.

A partir de la reforma constitucional de 1994, la incorporación de los tratados internacionales -artículo 75, inciso 22 CN– ha reafirmado la necesidad de ajustar los diseños procesales penales que rigen en nuestro país. Nadie desconoce que existen allí instrumentos que establecen estándares mínimos de respeto de los derechos y garantías (artículos 1º y 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1º y 2º de la Carta Americana de Derechos Humanos, entre otros), ni que incumplimiento provoca la responsabilidad internacional.

Ante este nuevo panorama, la reforma procesal penal se vuelve ineludible frente a la obligación de adaptar nuestras legislaciones a estos estándares mínimos que rigen en la materia. Este proceso de reforma, que en sus aspectos centrales puede considerarse bajo la impronta que viene desarrollándose desde finales de la década de los años ochenta en Latinoamérica, dentro de un proceso de reconstrucción democrática, ya ha tenido lugar en numerosas provincias de nuestro país. Podemos mencionar, además del señero caso de Córdoba, la reforma al Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero. También debe apuntarse el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sancionó su primer código procesal penal con un diseño que acompaña los lineamientos generales de un esquema procesal moderno.

Por otra parte, los sistemas de administración de justicia penal anclados en concepciones inquisitivas no sólo son cuestionables por su incompatibilidad con lo que manda nuestra Constitución. Han sido diseñados e inspirados en contextos sociales completamente diferentes al actual, y hoy demuestran su incapacidad para responder a las demandas de sociedades en constante transformación.

Las demandas hacia el sistema de administración de justicia penal se intensifican a medida que aumenta la complejidad social y las respuestas que se exigen ingresan en espacios cada vez más diversos. En la última década, la sensibilidad ciudadana frente a los problemas de seguridad pública ha trasladado una legítima atención hacia el servicio de justicia penal y sus capacidades. Y aunque no corresponda que el sistema de justicia supla actividades que le son exigibles a otras instituciones, sí importante que se asuma la gestión de la conflictividad que ingresa bajo su órbita.

Estas apreciaciones, cabe aclarar, no sólo provienen del sector académico, de asociaciones civiles y de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan temas vinculados a la justicia. El propio Presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Abel Fleming, reclamó recientemente al Congreso de la Nación la reforma del Código Procesal Penal de la Nación y destacó la importancia de un modelo que permita priorizar los casos de mayor impacto.

Una política criminal innovadora requiere poder responder eficazmente frente a hechos ilícitos como el lavado de activos y otras manifestaciones de la criminalidad económica, la trata de personas y el tráfico de estupefacientes, entre otros. Estas actividades, que generan daños gravísimos tanto al Estado como a los ciudadanos, carecen en la actualidad de investigaciones eficientes. Por su complejidad, este tipo de problemáticas deben encontrar marcos procesales ágiles y ser abordadas por funcionarios altamente especializados. Ambas exigencias sólo son posibles modificando radicalmente la estructura del procedimiento actual.

La propuesta que se presenta -teniendo en cuenta un concepto amplio de víctima- reconoce el derecho a iniciar una acción penal autónoma a cualquier ciudadano u asociación de ciudadanos en hechos de esta naturaleza. La intervención de dichos sujetos en estos casos no sólo implica dotar a los afectados de canales concretos de participación activa, sino que es además una vía que tiende a colaborar con el éxito en muchos otros niveles, como puede ser, por ejemplo, el recupero de activos para el Estado. También ha previsto la asumir la responsabilidad de cumplir con el mandato constitucional del juicio por jurados, generando espacios de participación ciudadana en el juzgamiento de determinados casos.

Debe señalarse también que el presente Proyecto está inspirado en las necesidades, requerimientos y finalidades del sistema de justicia federal. Sin embargo, no es ajeno a la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo proceso de autonomía tiene en la transferencia de justicia unos de sus ejes fundamentales. El proceso de consolidación institucional que deba producirse de la mano del proceso de autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido especialmente considerado al momento de pensar en el formato de esta herramienta procesal.

En definitiva, si construir y fortalecer un sistema democrático implica preservar y garantizar ámbitos de libertad social e individual, es necesario actualizar los mecanismos encargados de asegurarlos.

Si se comparten estas necesidades y objetivos, es imperioso encarar un proceso de transformación integral del actual sistema de persecución penal federal que hoy se encuentra vigente.

III. El sentido de los cambios propuestos.

Antes de ingresar en la explicación del texto normativo del proyecto que aquí se presenta consideramos necesario clarificar los objetivos y expectativas en que se basa la propuesta impulsada. De manera muy sintéticamente podemos identificar los siguientes aspectos:

1. Obtener una mayor claridad y precisión en los roles de los diversos órganos que intervienen en el proceso penal.

2. Acentuar el principio acusatorio, a través de la atribución de la investigación al Ministerio Publico Fiscal, y simplificar el proceso.

3. Preservar y fortalecer el poder de los jueces, reservando su intervención a lo estrictamente jurisdiccional.

4. Valorizar el juicio como instancia institucional para la vigencia de la ley y para la resolución de los conflictos penales.

5. Afianzar la vigencia del principio de imparcialidad de los jueces mediante el retiro de aquellas funciones que pueden condicionar su pronunciamiento.

6. Procurar una mayor eficacia global del sistema de justicia penal tanto en la relación a la persecución de los delitos, como en la tutela de los derechos y garantías individuales.

7. Brindar solución a la sobrecarga de trabajo que aqueja a algunos organismos judiciales, como consecuencia de una distribución poco equitativa de los asuntos.

8. Procurar un mayor acotamiento en los plazos de duración del proceso.

9. Desarrollar una mayor capacidad de investigación especialmente en relación a delitos complejos o de alto impacto social.

10. Regular el procedimiento para asuntos especiales y complejos.

11. Favorecer una mayor intervención de la víctima del delito. Contemplar formas compositivas del conflicto penal, a efectos de atenuar la aplicación de los instrumentos punitivos y posibilitar que se destinen mayores institucionales a la persecución y castigo de los delitos que más afectan a la sociedad.

12. Optimizar y racionalizar el empleo de los bienes, recursos e instrumentos de órganos e instituciones vinculados con la investigación y juzgamiento de delitos.

13. Extender la oralidad a todas las instancias del proceso, a fin de simplificar y flexibilizar el trámite.

14. Procurar la participación del ciudadano en el juzgamiento del delito.

IV. Los aspectos centrales del proyecto

a) Sistematización de garantías

El Proyecto enuncia de modo integral el sistema de garantías bajo un titulo específico (Primera Parte, Libro I, Título I). Se incluyen ahí aquellos derechos y garantías contenidas en la Constitución Nacional y en los diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, dejando asentado que rigen en la totalidad del proceso penal. Con ello se ha buscado un mayor nivel de precisión en esta materia, hacer más accesible su conocimiento y conferir más dinamismo al conjunto normativo.

b) Derechos del imputado

Junto con la enumeración de los derechos del imputado (artículo 65) se establece, a diferencia del sistema vigente, la consagración expresa del carácter voluntario de la declaración, la obligación de que se realice en presencia de su defensor y la exigencia de su rúbrica cuando se realice por escrito (artículo 70). De esta forma, se elimina la declaración indagatoria como acto central de la investigación.

Con el fin de evitar cualquier ambigüedad, queda prohibida la posibilidad de que la policía interrogue autónomamente al imputado, limitándose tal facultad a la mera requisitoria de datos personales y solamente en los supuestos en que no esté debidamente individualizado (artículo 73).

Con relación al defensor técnico, se fijan una serie medidas que facilitan su actuación, evitando que cualquier demora afecte los derechos de defensa del imputado. Queda desformalizada su designación y se prevé su intervención para los casos de urgencia, pudiendo ser designado, en este caso, por cualquier persona de su confianza cuando el imputado se encuentre privado de su libertad (artículo 76 y ss).

También ha quedado prevista la obligación del estado de indemnizar al imputado en ciertos casos de revisión de la condena, o cuando éste haya sufrido privación de la libertad y la absolución o el sobreseimiento declaren su inocencia (artículo 347).

c) Derechos de las víctimas

Si bien en la mayoría de los ordenamientos procesales consagran de modo expreso los derechos de las víctimas, su tutela dista de ser efectiva. El Proyecto se encarga especialmente de revertir esta situación, procurando maximizar las instancias de participación de la víctima en varias dimensiones. Se reconoce tal calidad a una amplia gama de actores, entre las que se destacan las asociaciones y comunidades indígenas (artículo 79).

Se regula la obligación de escuchar a la víctima antes de que se promueva la extinción, prescindencia o suspensión de la acción. También se la habilita a requerir la revisión de la desestimación o el archivo ordenado y a impugnar el sobreseimiento.

Por otro lado, se mantiene el derecho a constituirse en querellante en forma autónoma, y se introduce la posibilidad de enmendar los errores u omisiones formales producidas en su presentación (artículo 83). Se establece la imposibilidad de constituirse como querellante a las entidades de sector público, dejando la representación de sus intereses en manos del fiscal.

Se introduce también el instituto de la acción popular, que habilita la posibilidad de querellar en los casos que versen sobre la violación de derechos humanos fundamentales cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones; que impliquen abuso del poder público y conlleven graves perjuicio patrimoniales para el Estado; que hayan afectado intereses difusos; o que traten de delitos de lesa humanidad (artículo 87).

Por último, se establece la posibilidad de convertir la acción pública en acción privada cuando el fiscal lo autorice y no existiese un interés público gravemente comprometido, en aquellos casos en que la víctima prefiera esta modalidad, o bien cuando el Ministerio Publico Fiscal decida prescindir de la persecución penal.

d) Regulación del régimen de la acción en el proceso penal

La regulación del régimen de la acción propuesta (artículo 25 y ss.) permite superar las limitaciones del principio de legalidad en materia procesal, que impone la persecución oficial obligatoria frente a todo hecho delictivo. Este tipo de regulación, de imposible cumplimiento material y formal, distrae valiosos recursos útiles en la tarea de llevar adelante investigaciones más importantes.

El sistema propuesto corrige definitivamente las prácticas actuales. Para sortear estos obstáculos, se ha pensado en una regulación que permita al Ministerio Público Fiscal racionalizar los recursos disponibles para la persecución penal y, al mismo tiempo, delinear estratégicamente la política criminal del Estado.

Como elemento esencial para lograr este objetivo, se establece y define un criterio de oportunidad reglado (artículo 31), que autoriza al fiscal a prescindir de la persecución penal pública en los siguientes casos: 1) cuando se trate de un hecho que por su insignificancia no afecte gravemente el interés público; 2) cuando la intervención del imputado se estime de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional; 3) en los delitos culposos cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena; 4) cuando la pena o la medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho o la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que se debe esperar por los restantes hechos o infracciones investigadas en el mismo proceso u otro conexo o a la que se impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

De todos modos, y para lograr la efectiva tutela judicial de la víctima, se reguló la posibilidad de que ésta habilite una revisión de esta decisión ante otro fiscal superior, o bien que ejerza su derecho a proseguir con la acción penal a través del instituto de la conversión.

Desde la lógica de un sistema penal cuya respuesta represiva sea aplicada como última ratio, se elaboraron herramientas que posibilitan la obtención de respuestas eficientes en términos de pacificación y al mismo tiempo permitan prescindir del comportamiento punitivo o atenuarlo, sin que ello sea entendido como una demostración de impunidad. Son ejemplos de ello la conciliación, la reparación y la suspensión del proceso a prueba (artículos 34 y 35).

En el caso de la suspensión del proceso a prueba, se ha regulado el límite temporal para su solicitud hasta la finalización de la etapa de control de la acusación, con el objeto de evitar que la práctica derogue la realización del juicio, acto republicano por excelencia del sistema de administración de justicia penal. Sin embargo, excepcionalmente se le otorga al imputado la posibilidad de solicitar la aplicación del instituto, con posterioridad a dicha etapa, cuando resulte –en el juicio oral– acusado o condenado por una figura legal más leve, que de haber conocido en las etapas previas le hubieran permitido solicitar la suspensión (artículo 44, último párrafo).

No obstante, todos estos supuestos de disponibilidad de la acción resultan improcedentes cuando el hecho haya sido cometido por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo o por razón de él (artículo 30, último párrafo).

e) Un proceso penal sin dilaciones

Se regula un capítulo específico sobre el control de la duración del proceso tendiente a evitar una dilación indebida y, de esta manera, hacer efectiva la garantía contenida en los instrumentos internacionales (Primera Parte, Libro III, Título I, Capítulo IV).

Se establece una duración máxima para todo el procedimiento de dos años (artículo 115) y, más específicamente, una duración máxima para la etapa preparatoria de seis meses (artículo 234), sin perjuicio de las prórrogas específicamente autorizadas o de los plazos previstos para la investigación de asuntos complejos (artículo 295 y ss.).

f) Investigación penal preparatoria

Las mayores falencias de nuestro sistema procesal vigente se advierten en esta etapa inicial del procedimiento, y por esa razón su transformación es uno de los pilares de la reforma.

El Proyecto presenta cambios paradigmáticos en cuanto a los roles y la forma en que debe impulsarse la investigación. El Ministerio Público Fiscal, titular de la acción, es quien lleva a delante la investigación en los delitos de acción pública. Sin embargo, cabe aclarar que la mera atribución de la investigación al Ministerio Público Fiscal, sin la indispensable transformación de la forma de concretarlo, implicaría un cambio más aparente que real, que llevaría a la reforma a sucumbir ante el peso del formalismo tradicional y de la gravitación del expediente. Tal ha sido el caso de los trámites simplificadores del proceso en los que se puso la investigación en cabeza del fiscal.

Por ello, el sistema aquí propuesto tiende a otorgarle a la primera etapa del proceso su verdadera finalidad, esto es, la evaluación del mérito de una acusación para la elevación a juicio (artículo 197), dejando en claro que se trata de una fase meramente preparatoria cuyo único fin es permitir al Ministerio Público Fiscal preparar adecuadamente su presentación en el juicio. Así resulta esencial destacar que este nuevo sistema de investigación no tiene carácter probatorio (artículo 200), sino informativo y, de esta forma, se evita desnaturalizar el juicio oral y público.

Como consecuencia de ello se regula la formación del legajo de investigación (artículo 199), que a diferencia del expediente del sistema actual, se encuentra exento de cumplir rigores formales para la recopilación y producción de la prueba. Ello, claro está, dentro de las limitaciones que se derivan de la exigencia constitucional de fundar la necesidad de ciertas medidas y requerir de una orden judicial para poder realizarlas.

Para garantizar un mayor dinamismo en esta etapa, se establece la imposición de la oralidad para resolver las cuestiones principales que se sometan a debate durante la investigación, mediante audiencias. Con ello se logrará evitar dilaciones en la etapa del proceso sin dejar de ejercer un control y revisión sobre las actuaciones más esenciales, alejándose, de esta manera, de los excesos formales que impone la utilización de un régimen recursivo tradicional.

g) Medidas de coerción y medidas cautelares

Se consagra el principio general de libertad durante el proceso y el carácter provisional y excepcional de toda medida que la restrinja, estableciéndose un catálogo de medidas de coerción, distintas a la restrictiva de la libertad (artículo 178). De esta manera, se introduce una serie de alternativas que en el sistema actual no existen y cuya finalidad es evitar que el encierro cautelar se aplique mecánicamente.

Otra cuestión esencial radica en la distribución de roles para la aplicación de medidas de coerción. El juez solamente puede autorizar lo que le fue requerido por el fiscal o el querellante, careciendo de facultad para imponer per se medidas de coerción, sin que ello le impida imponer una medida menos gravosa de la que fue requerida (artículo 178 in fine).

Respecto a la aplicación de las medidas cautelares, se establece como requisito general para su procedencia la verificación de que existan elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es autor o participe el delito y cuando, por la apreciación de las circunstancia del caso, exista presunción suficiente que el imputado no se someterá al procedimiento o obstaculizará la investigación. Sin embargo, dentro de la lógica expuesta por la distribución de los roles en el proceso, la prueba sobre estos dos requisitos estarán a cargo del fiscal o del querellante, limitándose el juez a controlar la legalidad y razonabilidad del requerimiento teniendo la obligación de resolver el requerimiento en forma fundada y en audiencia oral y pública (artículo 189).

También regulan una serie de instrumentos que permiten el control, sustitución o cesación de la medida dispuesta (artículo 195). Asimismo, se establece un plazo máximo para las medidas de coerción: tres años para las que no impliquen una privación de la libertad y dos años para las que sí, sin perjuicio de lo dispuesto para los procesos especiales (artículo 193).

h) Regulación de la actividad probatoria

El Código Procesal Penal de la Nación vigente se apoya sobre un sistema probatorio que se caracteriza por prácticas altamente ritualistas y formalizadas. Des este modo, la audiencia de debate, como ya se ha señalado, se desnaturaliza en una mera réplica de las constancias del expediente.

Como contrapartida, el Proyecto destaca el juicio oral como el acto central del proceso penal. Se regulan para ello los principios generales en cuanto a la recopilación de la prueba (artículo 129 y ss.), las comprobaciones directas (artículo 131 y ss.), testimonios (artículo 153 y ss.), peritajes (artículo 163 y ss.) y otros medios de prueba (artículos 169 y ss).

Al mismo tiempo, se establecen los casos en que las medidas probatorias requieren autorización judicial previa, y se precisan los lugares que pueden registrarse y la forma en que debe realizarse (vehículos, gabinetes, muebles cerrados), brindando mayor precisión a la que tiene el código procesal actual.

También se regula en forma precisa los supuestos en que se pueden realizar testimonios especiales (artículo 159) y la posibilidad de requerir informes periciales a instituciones o equipos de trabajo (artículo 168).

Por último, y como instrumento necesario para lograr una investigación eficaz y desformalizada, se establece el principio de la libertad probatoria, salvo que exista prohibición expresa (artículo 129).

i) Normas para la actividad procesal defectuosa

El Proyecto reemplaza el esquema tradicional de nulidades previstas en el Código Procesal Penal de la Nación, caracterizado por declaraciones de nulidad cargadas de un ritualismo excesivo. En la propuesta se atiende principalmente a la naturaleza de cada acto y a la finalidad de sus formas, priorizando lo sustancial del planteo.

Se propone así un nuevo sistema de control de los defectos de la actividad procesal, prevaleciendo la convalidación y el saneamiento antes que su anulación.

Asimismo, se limitan los supuestos en que pueda declararse su invalidez a los supuestos en que se produzcan violación a garantías constitucionales (artículo 124). Se tienen en cuenta los derechos de las distintas partes y la función que respecto de cada una de ellas cumplen los actos y sus formas, estableciéndose diferencias según sea el caso. De esta forma, se dispone una diferencia entre el incumplimiento de las formas que tienen por objeto proteger garantías del imputado y aquellas cuyo fin es procurar la tutela judicial de los derechos de la víctima y el incumplimiento de los deberes del fiscal (artículo 126).

El régimen propuesto dispone la posibilidad de sanear inmediatamente todos los actos defectuosos, renovando, rectificando o cumpliendo el o los actos omitido (artículo 125). Sin embargo, cuando la invalidez sea causada por violación a una garantía a favor del imputado, se prohíbe la retrotracción a etapas anteriores, salvo reenvío.

j) El control de la acusación

En el Proyecto la intervención jurisdiccional por excelencia se produce a través del control acusación, actividad propia del Ministerio Público Fiscal o la querella (art. 242 y ss.). En este caso, la intervención jurisdiccional consistirá en la decisión sobre los hechos de la acusación que resulten admitidos para ir a juicio, la calificación legal, el sobreseimiento pretendido, y la prueba que considere que resulte pertinente; pudiendo rechazar la que entienda abundante o innecesaria.

Esta etapa constituye el primer acto donde se puede saber con certeza cuál es la acusación del fiscal o de la querella y, al mismo tiempo, habilita la posibilidad de formular una acusación alternativa (artículo 243) cuando las circunstancias del caso lo permitan.

El Código Procesal Penal de la Nación no posee una etapa de estas características, con los problemas que ello trae aparejado. Al ser un juez distinto el que controle la acusación y resuelva las cuestiones que se introducirán en el juicio, como la incorporación de la prueba, la imparcialidad de los jueces que deban actuar en el debate no se verá afectada, tal como sucede actualmente en el ámbito nacional.

k) El debate

La instauración de un sistema acusatorio debe caracterizarse por su aplicación en todas las etapas del proceso. El juicio oral constituye en el Proyecto la etapa central del proceso. Por ello, una de sus características es la identificación y separación de las funciones de acusar y juzgar en esa instancia. El código nacional regula el juicio oral y público con una grave confusión de los roles, afectando una vez más la garantía de imparcialidad de los jueces cuando permite que en el debate éstos asuman facultades que naturalmente corresponden a las partes, o suplen las omisiones de ellas. Un claro ejemplo de ello son los interrogatorios.

En el texto propuesto se regulan todos los principios que deben estar presentes en el debate oral: inmediación, publicidad, oralidad y continuidad (artículo 252 y ss.). Al mismo tiempo, el Proyecto erradica cualquier característica de neto corte inquisitivo, estableciendo la prohibición de los jueces de suplir las actividades de las partes. A su vez, los jueces no podrán tomar contacto con la información que se hubiera producido en las etapas anteriores, encargándose de toda las cuestiones administrativas la oficina judicial respectiva (artículo 249).

Con el fin de no distorsionar las reglas del juicio oral, se han limitado, en forma taxativa, las cuestiones que pueden ser incorporadas por lectura (artículo 257), estableciendo la invalidez de toda otra prueba que se intente introducir de esa manera al debate. Por las características propias del debate oral, y los cambios que pueden producirse en él, se regulo la posibilidad de la ampliación de la acusación (artículo 264) y la solicitud de la suspensión del juicio para la producción de nuevas pruebas. A su vez, la defensa puede requerir la realización de un nuevo debate cuando ello modifique sustancialmente la acusación.

Se regula el principio de congruencia (artículo 275), y se limita la posibilidad de que el tribunal imponga una pena más grave a la pretendida por los acusadores, o dicte sentencia condenatoria cuando exista pedido de absolución.

Por último, el proyecto incorpora, en sintonía con las exigencias constitucionales, la previsión del juicio por jurados para casos en los cuales la pretensión punitiva del Ministerio Público supere los ocho años (artículo 55). No obstante, las particularidades sobre su reglamentación han sido derivadas a la sanción de una ley especial que trate integralmente el esquema de participación ciudadana en las decisiones judiciales.

l) Cesura del debate

La cesura del debate oral es, sin lugar a dudas, uno de los avances más importantes en este Proyecto. En el código procesal penal vigente, el debate sobre la pena y la forma de ejecutarla pasan a un segundo plano o nunca se realiza.

En la actualidad, los alegatos de las partes se concentran exclusivamente en demostrar la culpabilidad o no del imputado, sin debatir con profundidad sobre la determinación de la pena, y limitándose toda argumentación a la remisión genérica de las pautas de mensuración de los artículos 40 y 41 del Código Penal.

Para evitar ello, se regula una división del juicio oral en dos partes. La primera de ellas, trata exclusivamente sobre la existencia del hecho, su calificación y la responsabilidad penal del imputado para establecer su culpabilidad o inocencia. La segunda, sólo para los casos en que se haya declarado culpable al imputado, debate sobre el monto de la pena a imponer y la forma en que ésta se ejecutará (artículo 272).

m) Procedimientos especiales

El Proyecto regula el tradicional procedimiento para los delitos de acción privada, con la particularidad de que establece la posibilidad del auxilio judicial previo cuando sea necesario para poder iniciar el proceso penal (artículo 282) y prevé la convocatoria a una audiencia de conciliación (artículo 283).

Se regulan también tres tipos de procedimientos abreviados. El primero se denomina acuerdo pleno (artículo 289), que permite convenir sobre los hechos, la calificación legal y la pena a imponer, siempre que se reúnan los requisitos legales. El segundo, denominado acuerdo parcial, sólo se limita a los hechos y la calificación legal, y habilita un juicio sobre la culpabilidad y la pena (artículo 292). Por último, se establece un procedimiento de juicio directo, el cual se deberá plantear en la etapa preparatoria, aplicándose las normas comunes para el juicio oral y público (artículo 293).

Finalmente, se incorporó el procedimiento para asuntos complejos (artículo 294 y ss.) para los casos en que así lo ameriten en razón de la cantidad de hechos, el elevado número de imputados o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia organizada o transnacional. En estos supuestos, se establece una extensión de los plazos comunes, se regula la producción masiva de prueba y se regula la posibilidad contar con investigadores bajo reserva (artículo 297).

ñ) Control de las decisiones judiciales

En este ítem, el Proyecto propone una ruptura con los tradicionales modelos de recursos e instancias de apelación y casación. La vía recursiva se limita a las sentencias definitivas, el sobreseimiento, las excepciones, la aplicación de medidas cautelares y de coerción, la denegatoria de la aplicación de la suspensión del proceso a prueba, los procedimientos abreviados y las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena (artículo 310).

El sistema propuesto se caracteriza por una mayor racionalidad y simpleza para el control de las decisiones jurisdiccionales, y permite satisfacer las exigencias de los instrumentos internacionales, toda vez que se amplían los motivos que habilitan la impugnación de la sentencia condenatoria y posibilita el ofrecimiento y producción de prueba.

La legitimación para impugnar está determinada por el tipo de resolución y diferenciada respecto del imputado, el fiscal y la querella (artículos 306 y ss.).

La forma de interposición y el trámite está regulada en forma simple y permite evitar la excesiva dilación que se observa en el código vigente. La audiencia prevista para rebatir los fundamentos de los recursos y producir la prueba aceptada, armoniza con la construcción de una sistemática de proceso oralizado que aporte mayor eficiencia al trámite (artículo 315).

o) Etapa de ejecución penal

Se profundiza el principio de judicialización de la ejecución de la pena, establecido en el actual código procesal penal y en la ley 24.660. Asimismo, introduce cambios en la regulación de la esta etapa con relación a los principios de oralidad, inmediación y celeridad.

El juez con funciones de ejecución será quien realice el cómputo de detención estableciendo el vencimiento de la pena y la diferentes fechas de los beneficios previstos en la ley 24.600, para que el condenado sepa, con certeza, a partir de cuándo tiene derecho a gozar de los institutos previstos en la ley nacional (artículo 329). Lo mismo ocurre con la unificación de penas o condenas. Incluso a pedido de parte puede realizarse un nuevo juicio sobre la pena, cuando la unificación modifique sustancialmente la cantidad de la pena o modalidad de cumplimiento (artículo 330).

Se establece la toma de decisiones por audiencias orales, cumpliendo un rol importante la oficina judicial durante esta etapa (artículo 333).

En tercer lugar, se produce una innovación con respecto a la revisión de las decisiones. Actualmente, el recurso de casación previsto contra los incidentes de ejecución ha privado a los condenados, por las características propias de ese medio de impugnación, de la posibilidad de una revisión amplia y pronta de todas las cuestiones que modifiquen cualitativamente el cumplimiento de la pena, afectándose el derecho a la doble instancia judicial. Para ello se estableció un mecanismo dinámico de revisión de las decisiones judiciales, por tres jueces distintos del que adoptó la medida (artículo 334).

V. Consideración final

Este Proyecto para la reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación se presenta con el propósito de iniciar definitivamente un debate parlamentario sumamente postergado.
La intención no ha sido otra que generar una propuesta que permita establecer un sistema de justicia penal que permita fijar objetivos que hoy son intangibles, operar bajo los estándares que marca la Constitución Nacional y los tratados internacionales la integran y, lo más importante de todo, asegurar el acceso a este servicio de justicia para todos aquellos que, lamentablemente, tienen que participar de él.