Desde la Coalición de ONG´s para la Reforma Procesal Penal expresamos nuestra preocupación por al funcionamiento del sistema de justicia penal que diariamente demuestra su estado de emergencia.
En lo que va del año prescribieron una importante cantidad de causas judiciales de relevancia social. Por ejemplo, ese fue el resultado en la causa LAPA, tragedia aérea en la que fallecieron 65 pasajeros. Este desenlace se repitió en importantes casos de corrupción, como aquella contra el ex presidente Carlos Menem, por la venta en diciembre de 1991 del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina supuestamente en 100 millones de dólares menos de su valor real. Lo propio sucedió con las causas “Tandanor”, “Curtiembres Yoma” e “IBM/ANSES”.
Entendemos que esta ineficacia del sistema encuentra entre sus razones un Código Procesal Penal que no tiene ni reflejo ni razón de ser con las necesidades actuales. Asimismo, el código procesal vigente, que establece un procedimiento mayoritariamente escrito, secreto y ritualista, no permite el control republicano de los actos de gobierno. Por caso, se carecen de audiencias que transparenten y legitimen el sistema y que permitan a la ciudadanía tomar conocimiento y controlar las decisiones judiciales. En el mismo sentido, con la implementación de nuevas tecnologías no hay fundamento para seguir procediendo mediante expedientes escritos, que lo único que generan son demoras en la resolución de conflictos.
Es necesaria la definitiva instauración de un modelo adversarial, a través del cual se democratice efectivamente el proceso penal, y a través de él, el Poder Judicial; y se eviten dilatar los plazos procesales, dando respuestas rápidas y eficaces a las demandas de la sociedad. En el mismo sentido, sería destacable la participación de las víctimas –individuales o colectivas- en los procesos pues son ellas las afectadas en sus derechos.
El frustrante final de los expedientes mencionados, pero también un servicio de justicia con serios déficits en casos sin trascendencia pública, evidencia la imperiosa necesidad de que la reforma procesal penal forme parte de las prioridades de la agenda legislativa. Para mejorar y agilizar el funcionamiento de un sistema que hoy no está dando las respuestas que la sociedad espera de él: un servicio de justicia ágil, democrático, que haga uso de las nuevas herramientas tecnológicas para impartir justicia en tiempos oportunos, dando así satisfacción al central objetivo al que el Poder Judicial está llamado, afianzar la justicia.
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